Los diputados han aprobado la supresión de la sección especial para los magistrados
La Cámara de Diputados ha aprobado el proyecto legislativo sobre la supresión de la Sección de Investigación de Delitos en la Justicia. Mihai Pelin ha proporcionado más información.
Mihai Pelin, 22.02.2022, 11:07
El proyecto de ley sobre la supresión de la controvertida Sección Especial de Investigación de Delitos en la Justicia (SIIJ, por sus siglas en rumano) ha sido aprobado en el pleno de la Cámara de Diputados en Bucarest. La USR, en la oposición, ha afirmado que este documento hace que la justicia vuelva al pasado, hace decenas de años. La mayoría formada por el PSD, el PNL y la UDMR ha contestado que el proyecto propuesto por el Ministerio de Justicia traerá la normalidad al sistema judicial. El documento ha sido aprobado con 205 votos a favor, por parte de los diputados de la coalición gubernamental, y 90 en contra, expresados desde la oposición por la USR, la AUR y el Partido de la Fuerza de Derecha liderado por el exlíder liberal Ludovic Orban, y llegará al Senado para recibir el voto final. En los debates en el pleno, el exministro de Justicia, el diputado de la USR Stelian Ion, ha vuelto a afirmar que, a través de las medidas aprobadas, en vez de esta sección especial se crea una estructura mucho más nociva y se reduce la competencia de la Dirección Nacional Anticorrupción (DNA, por sus siglas en rumano). Él ha anunciado que la USR impugnará el proyecto ante el Tribunal Constitucional. Stelian Ion:
“Es un intento de aquellos que tienen algo que ocultar, que tienen un gato encerrado, para escaparse de la competencia de la DNA. Es una trampa a través de la cual la lucha contra la corrupción se verá muy afectada próximamente.”
Del otro lado, la diputada del PNL Cristina Trăilă ha afirmado que este proyecto trae la normalidad al sistema judicial, respetando las recomendaciones de los foros internacionales en este sector. Cristina Trăilă:
“No creo que alguien pueda afirmar hoy que un fiscal con experiencia de cómo mínimo 15 años no puede investigar a los magistrados. Además, es el primer proyecto que tiene el visto bueno del Consejo Superior de la Magistratura, el único garante de la independencia de la justicia.”
A través de este proyecto, que ha generado críticas en el espacio público, los expedientes sobre los presuntos actos de corrupción de los magistrados serán investigados por la Fiscalía General y las fiscalías de los tribunales de apelación. El núcleo central será en la Sección de Investigación penal y criminalística de la Fiscalía General, donde 12 fiscales tendrán atribuciones en los expedientes sobre los presuntos actos de corrupción de los magistrados. La DNA, la única unidad de la fiscalía especializada en actos de corrupción, queda excluida del esquema, demanda expresada encareciadamente tanto por el PSD, como por la UDMR. Además de los 12 fiscales, tendrán atribuciones en actos de este tipo 30 fiscales (en parejas) de cada fiscalía del tribunal de apelación del país. Los 42 serán propuestos por el fiscal general, en el caso de aquellos de la Fiscalía General, por los jefes de las fiscalías de los tribunales de apelación respectivamente, y serán nombrados por el pleno del Consejo Superior de la Magistratura. Cabe recordar que la Sección Especial de Investigación de Delitos en la Justicia fue creada en 2018. Entre otros temas, ha sido considerada una posible herramienta para intimidar a los magistrados. En esta sección trabajan 7 fiscales, uno de ellos, con puesto directivo. Su salario es bastante alto: más de 15.000 lei (3.000 euros) al mes y hasta ahora no han encontrado a ningún magistrado corrupto.
Versión española: Monica Tarău
