Los responsables locales no pueden cambiar de partido
El Tribunal Constitucional de Rumanía ha explicado la decision por la cual, el pasado mes de diciembre, estableció que la ordenanza de urgencia del gobierno que reglamenta la migración de los responsables locales fue declarada inconstitucional.
Florentin Căpitănescu, 21.01.2015, 16:26
En septiembre de 2014, dos meses antes de las elecciones presidenciales, el Gobierno de izquierda de Bucarest encabezado por el líder socialdemócrata, Victor Ponta, también candidato en las elecciones, emitió una controvertida ordenanza de urgencia. Adoptada posteriormente por el Parlamento en un intento de legitimarla, dicha ordenza permitía a los responsables políticos locales cambiar de partido, dentro de 45 días, sin perder su mandato. Esa ordenanza era no solo necesaria sino también obligatoria, según explicaba entonces el primer ministro Victor Ponta, porque la administración local estaba afectada por los cambios en el escenario político. Nos encontramos, decía Ponta, en un callejón sin salida después de que los liberales se hubieran retirado de la USL, la alianza de centro-izquierda que había ganado categóricamente las elecciones legislativas en 2012.
Como era de esperar, el partido del primer ministro, el PSD, fue el gran beneficiario de esta ordenanza, ya que muchos responsables locales se trasladaron a este gran partido de izquierda. En cambio, la oposición consideró que esa ordenanza solo servía para ayudar a Ponta a ganar las elecciones, lo que sin embargo no ocurrió, y al mismo tiempo a potenciar la influencia del PSD en el territorio, donde la presencia sólida de la oposición creaba grandes problemas. No obstante, en diciembre el Tribunal Constitucional decidió que dicha ordenanza era inconstitucional. Según explicaba el Tribunal, la constitución o la ruptura de las alianzas políticas forman parte del ejercicio demócratico natural y por lo tanto no pueden justificar medidas que directa y brutalmente cambian la configuración política de las autoridades de la administración pública local y alteran la voluntad del electorado. El Tribunal sostiene que la inconstitucionalidad de una ordenanza de urgencia no puede ser eliminada por la aprobación del Parlamento que, según la ley, debe rechazarla.
Ahora queda en tela de juicio el porvenir de los responsables que se aprovecharon de esa ordenanza, seducidos por la promesa de los fondos del presupuesto. Si el deseo de la oposición se vuelve realidad, entonces todos esos responsables perderán su mandato. En esa situación, centenares de escaños de la administración local quedarán vacantes y será necesario realizar elecciones anticipadas de ámbito nacional. Eso sería algo nuevo en la democracia rumana, ya que hasta ahora solo se han organizado elecciones anticipadas locales o legislativas de poca envergadura.
