Manifestaciones a favor y en contra de la Dirección Nacional Anticorrupción
En Rumanía, no hay otra institución que provoque pasiones más acaloradas en la sociedad, el escenario político y la prensa, que la Dirección Nacional Anticorrupción.
Bogdan Matei, 19.02.2018, 14:08
Para muchas personas, los investigadores de la Dirección Nacional Anticorrupción son unos verdaderos héroes. Gracias a su labor desplegada en los años anteriores, fueron posibles la condena de un exjefe de Gobierno, la investigación y el enjuiciamiento de un primer ministro en ejercicio, la detención de un juez del Tribunal Constitucional, del alcalde general de la capital y de los seis alcaldes de sectores de la capital.
Decenas de exmiembros del Gobierno y del Parlamento, alcaldes de municipios, presidentes de Consejos Departamentales o prefectos de derecha o de izquierda, en el poder o en la oposición, los protagonistas de los casos de corrupción investigados por la Dirección Nacional Anticorrupción y saldados con condenas cubren el abanico político en su totalidad. Por ello, la sospecha de que la actual mayoría, formada del PSD y la Alianza de Liberales y Demócratas, trataría mediante la modificación de las leyes de funcionamiento de la Justicia y de los Códigos Penales de subordinar a los magistrados y de impedir la lucha anticorrupción, han sacado a la calle en el último año, a cientos de miles de manifestantes, en Bucarest, en la provincia y en la diáspora. Sin embargo, la fascinación ejercida por la Dirección Nacional Anticorrupción no es unánime. Al final de la semana pasada, tanto delante de la sede de esta institución como delante del Palacio presidencial se reunieron varias decenas de manifestantes que solicitaron la dimisión de la jefa de la Dirección Nacional Anticorrupción, Laura Codruta Kovesi, y acusaron al jefe del Estado, Klaus Iohannis, de tener una actitud pasiva ante los abusos cometidos por los fiscales. El detonador de las nuevas protestas es, en opinión de la prensa, el escándalo del distrito de Prahova, al sur de Rumanía. Mircea Cosma, expresidente del Consejo Departamental durante más de un decenio y su hijo, Vlad Cosma, exdiputado fueron condenados en primera instancia a 8 y 5 años de cárcel, en un caso de corrupción investigado por la Dirección Nacional Anticorrupción. También la actual parlamentaria, Andreea Cosma, hija de Mircea Cosma y hermana de Vlad Cosma, ha sido acusada por los fiscales anticorrupción. Vlad Cosma ha acusado a los investigadores de valerse de él para fabricar pruebas en contra de otros miembros del PSD como el ex primer ministro Victor Ponta y el exdiputado de Prahova, Sebastian Ghita, que posteriormente huyó a Serbia. La jefa de la Dirección Nacional Anticorrupción ha rechazado rotundamente, las acusaciones de que sus subordinados recurrirían a prácticas ilegales.
A su vez, el presidente Iohannis ha reiterado su confianza en la Dirección Nacional Anticoprrupción sobre la cual ha declarado que está sometida a un “intento desesperado, patético y nada convincente de unos delincuentes” de desacreditarla. Los manifestantes anti-DNA comparan las prácticas de dicha institución con las de la Securitate, la policía secreta del antiguo régimen comunista, o con las de los fascistas que tratan de sustituir mediante golpes de fuerza a un poder democrático elegido. Fue necesaria la intervención de los gerdarmes para separar a los manifestantes de varias decenas de simpatizantes fieles de la Dirección Nacional Anticorrupción y adversarios irrebatibles del PSD que organizaron en paralelo contramanifestaciones para expresar la oposición contra la modificación de las leyes de la Justicia. Los analistas piensan que la situación se enardecerá nuevamente tanto en el escenario político como en la calle el próximo jueves, con motivo de la presentación en el Pleno del Parlamento por parte del titular de Justicia, Tudorel Toader, de la evaluación de la actividad de la Fiscalía General y de las Fiscalías Anticorrupción y Antimafia.
