Medidas destinadas a combatir el blanqueo de dinero
En Bucarest, la Cámara de los Diputados ha aprobado algunos artículos del proyecto de ley para la prevención y el combate del blanqueo de dinero y de la financiación del terrorismo.
Ştefan Stoica, 23.10.2018, 13:01
El proyecto de ley para la prevención y el combate del blanqueo de dinero y de la financiación del terrorismo aprobado el pasado lunes por los diputados rumanos, transpone en la legislación rumana las directivas europeas al respecto.
En esencia, el proyecto prevé la prohibición de la emisión de bonos al portador y la obligatoriedad de que las asociaciones y las fundaciones notifiquen a las instituciones del Estado información sobre todos los beneficiarios de los respectivos montos. Conforme con una enmienda, las organizaciones de las minorías nacionales, miembros del Consejo de las Minorías Nacionales, están exentas de dichas previsiones y no serán entidades informantes. Dicha enmienda ha sido apreciada como un favor hecho por la coalición de izquierda, en el poder, integrada por el PSD y la Alianza de Liberales y Demócratas a la única formación con la que colabora en el legislativo, a saber la Unión Democrática de Húngaros en Rumanía, la representante política de la minoría étnica más numerosa, la húngara.
Conforme con los textos aprobados, a partir de la fecha de entrada en vigor de la presente ley se prohibirán la emisión de bonos al portador y la realización de operaciones con los bonos al portador existentes, bajo sanción de nulidad absoluta. Los bonos al portador que no han sido presentados en las sedes de las empresas emitentes serán cancelados abiertamente en la fecha de vencimiento del plazo previsto con la consecuencia de la reducción apropiada del capital social. El incumplimiento antes del vencimiento del plazo de la obligación de conversión por parte de las empresas por acciones conllevará la disolución de las mismas.
A solicitud de cada persona interesada, así como de la Oficina Nacional del Registro del Comercio, el tribunal o, según el caso, un tribunal especializado podrá dar el fallo de disolución de la empresa, según se estipula en el texto del proyecto aprobado.
El principal partido de oposición, el PNL, ha anunciado que no respaldará el proyecto. En opinión del diputado liberal Ioan Cupsa, el texto propuesto afecta a la sociedad civil, a las asociaciones y fundaciones que prestan servicios sociales. Las asociaciones, ha declarado Cupsa, tienen que identificar y notificar cada transacción que hagan al prestar un servicio social a un beneficiario social y de esta manera una burocracia excesiva bloqueará la obtención de un rendimiento máximo por parte de las organizaciones y las fundaciones.
También la Unión Salvad Rumanía ha criticado el proyecto de ley. El diputado, Stelian Ion, ha calificado la ley de peligrosa ya que introduce un instrumento de restricción de las asociaciones y las fundaciones. Si éstas no son del gusto del poder, éste aplicará multas que podrán disolverlas, ha advertido Stelian Ion.
Tampoco la Unión Democrática de los Húngaros en Rumanía está contenta con el proyecto, pese a la adopción de la enmienda favorable a las minorías. El diputado Marton Arpad de esta formación, ha declarado que de esta manera se ha decidido una modificación que soluciona el problema de 19 organizaciones no gubernamentales, pero que deja sin solucionar el problema de otras decenas de miles. En defensa del proyecto, el diputado socialdemócrata, Nicusor Halici, presidente de la Comisión jurídica ha precisado que las dos directivas europeas se tenían que transponer en la legislación rumana y que el plazo ha transcurrido. El voto final en torno a esta ley será dado el próximo miércoles.
