Medidas y decisiones en la Justicia
El polémico paquete de nuevas leyes en el campo de la Justicia, propuesto por el ministro Tudorel Toader será debatido por el Parlamento rumano.
Bogdan Matei, 19.10.2017, 14:16
El proyecto de modificación de las leyes de la Justicia realizado por el ministro de esa cartera, Tudorel Toader, será enviado al Parlamento. El líder socialdemócrata Liviu Dragnea ha anunciado que una comisión parlamentaria especial decidirá “lo que queda, lo que se añade y lo que se quita” del proyecto de Toader tras ser debatido en el pleno del Legislativo. Dragnea también ha dicho que los debates empezarán antes de que la Comisión de Venecia apruebe el procedimiento de nombramiento de los fiscales jefes de las Fiscalías. Nuestra decisión de aprobar estas leyes en la actual sesión parlamentaria no ha cambiado, ha añadido el líder del PSD.
Duramente criticada por la oposición de derecha, la prensa, la sociedad civil y una parte significativa de los magistrados, la reforma promovida por el ministro Toader ha sido creada por la necesidad de adaptar la legislación tanto a las decisiones del Tribunal Constitucional como a las evoluciones de la sociedad. El presidente Klaus Iohannis que probablemente no participará en el procedimiento de nombramiento de los jefes de las Fiscalías Generales, anticorrupción y antimafia, la ha calificado de “ataque contra el Estado de derecho”. Las asociaciones profesionales no aprueban la creación de una unidad especial de seguimiento de los delitos cometidos por los magistrados o la idea de separar la Inspección Judicial del Consejo Supremo de la Magistratura para subordinarla al Ministerio. “Si el Gobierno y el Parlamento aprueban esta mezcla de medidas, los esfuerzos de Rumanía de los últimos 10 años habrán sido en vano y el sistema judicial volverá a subordinarse a la política”, ha puntualizado el presidente Iohannis.
No todo está funcionando perfectamente en la Justicia rumana. Por ejemplo, este jueves ha entrado en vigor la ley sobre el denominado recurso de apelación compensatorio en referencia a la puesta en libertad de presos que estén en condiciones inadecuadas. Según dicha ley, tras pasar un mes en la cárcel en condiciones impropias, los detenidos podrán beneficiarse de una reducción de su condena de seis días. Casi 100 detenidos han sido puestos en libertad precisamente el primer día de la aplicación de la ley. Rumanía ha sido repetidamente condenada por el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos a causa de la sobrepoblación de las cárceles que no ofrecen suficiente espacio para los más de 27.000 detenidos. Además, el presidente del Senado, el líder de la ALDE, Calin Popescu Tariceanu, ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Constitucional un posible conflicto entre el Ejecutivo y el Ministerio Público. Tariceanu afirma que los fiscales investigarían no sólo la legalidad sino también la necesidad de las decisiones gubernamentales después de que la Dirección Nacional Anticorrupción acusara de actos de corrupción a dos de los miembros del Gabinete, la vice primera ministra Sevil Shhaideh y la ministra delegada de Fondos Europeos, Rovana Plumb, que hace poco presentaron sus dimisiones.
