Modificaciones del estatuto de los magistrados
La ley sobre el estatuto de jueces y fiscales ha sido aprobada por el Senado. Los representantes de la oposición no han votado y han anunciado que van a recurrir ante el Tribunal Constitucional.
Mihai Pelin, 20.12.2017, 13:41
La ley
sobre el estatuto de jueces y fiscales, la primera del paquete de reformas de
la Justicia, ha sido aprobada por el Senado en calidad de cámara de decisión.
El acto normativo ha sufrido algunas modificaciones con respecto a la forma
adoptada por la Cámara de los Diputados.
Una de ellas prevé que el presidente
del país puede rechazar, solo una vez, los nombramientos del fiscal general y
los jefes de las principales fiscalías, indicando los motivos de su decisión. Sin
embargo, la más importante hace referencia a la responsabilidad material de los
magistrados y a las posibles sanciones. En este punto, se han realizado algunos
cambios adoptando enmiendas inicialmente rechazadas en el comité especial que
se ocupó de las leyes de Justicia, pero que ahora han sido reformuladas y
aceptadas por la mayoría de los senadores. Según la nueva ley, el error
judicial conlleva la responsabilidad de los jueces y fiscales en el caso de que
hayan ejercido su cargo de mala fe o hayan cometido una negligencia grave. Por
lo tanto, el Estado se dirigirá obligatoriamente contra el magistrado que ha
cometido un error judicial.
El iniciador de la propuesta, el socialdemócrata
Şerban Nicolae, considera que las disposiciones relativas a la responsabilidad
de los magistrados no representan un abuso o una presión sobre ellos. Şerban
Nicolae ha declarado lo siguiente:
«La
responsabilidad de los jueces y fiscales no es un acto de represión, no es un
acto de venganza. Todos los funcionarios de este país responden ante la ley. Lo
que hemos propuesto con respecto a la responsabilidad de jueces y fiscales es
una solución equilibrada. Si un funcionario se equivoca al emitir un
certificado, se puede reparar. Cuando se comete un error en el tribunal, no hay
nada que hacer».
El proyecto
ha sido criticado por la oposición, que ha anunciado que va a recurrir ante el
Tribunal Constitucional. La senadora liberal, Alina Gorghiu, ha afirmado que
nadie confía ya en las buenas intenciones de la coalición mayoritaria del
PSD-ALDE, apoyada por la UDMR, en lo relativo a los cambios en las leyes de Justicia,
que, según ella, afectan a la independencia del poder judicial. Alina Gorghiu ha
declarado:
«Pido
a la mayoría de mis colegas que acepten el diálogo y el debate, porque al menos
nosotros, los del PNL, queremos explicar a todos los rumanos por qué no es una
buena esta ley y por qué no la votamos. Pero también creo que el PSD debe
explicar por qué cree que esta ley es buena, a pesar de todas las objeciones y
críticas que ha recibido».
La ley
sobre el estatuto de jueces y fiscales fue votada únicamente por el PSD, la ALDE
y la UDMR, sin la oposición. Los representantes de PNL y la USR estuvieron
presentes en los debates, pero luego, en el momento de la votación, abandonaron
la sala mientras que los senadores del PMP se negaron a participar en los
debates después de que se les denegara la solicitud de que se debatieran las
leyes de Justicia en la próxima sesión parlamentaria.
(Traducido por Alicia Sevilla)
