Movilización para la Justicia
Las leyes de la Justicia ocupan, nuevamente, la primera plana de los debates públicos de Rumanía.
Bogdan Matei, 08.01.2018, 12:53
En Bucarest, este año ha comenzado del mismo modo que finalizó el año pasado: con acusaciones virulentas contra la mayoría gubernamental integrada por el PSD y la ALDE, apoyada por la UDMR, que en opinión de algunos, intentan subordinar a los magistrados y poner fin a la lucha contra la corrupción. Ya el primero de enero, más de 200 personas protestaron ante la sede del Gobierno contra las modificaciones de las leyes de la Justicia que este aprobó el pasado mes de diciembre, con una rapidez poco habitual en un Parlamento que, normalmente, aprueba leyes de manera muy lenta.
En la reunión del Consejo Superior de la Magistratura, celebrada el pasado viernes, el presidente Klaus Iohannis criticó los debates realizados por la Comisión parlamentaria especializada en las leyes de la Justicia, afirmando que este procedimiento es muy reciente y que las discusiones se desarrollaron con el puño en la boca de la oposición de derecha, formada por el PNL, la USR y el PMP. El sábado en Timişoara (oeste) y el domingo en Cluj (noroeste) centenares de personas salieron a la calle para exigir al Gobierno y al Parlamento que respeten la independencia de la justicia. También el domingo, 19 organizaciones no gubernamentales de Rumanía solicitaron en una carta abierta al presidente Iohannis que mediara en el conflicto entre el Estado y la sociedad en el asunto de las leyes de la Justicia.
Los firmantes de la carta señalan que el actual poder político de Rumanía intenta socavar la lucha contra la corrupción, restringir la independencia de los fiscales y subordinar al poder judicial. Ellos desean que el jefe del Estado solicite a la Comisión de Venecia un punto de vista que clarifique si las modificaciones de las leyes de la Justicia que adoptó el Parlamento el pasado mes de diciembre, son compatibles con los estándares fundamentales del Estado de derecho. Por su parte, en el Parlamento, en el Gobierno y en los medios de comunicación, las voces del Gobierno siguen repitiendo que era necesario modificar las leyes de la Justicia para alinearlas con las decisiones de el Tribunal Constitucional de Rumanía y con los fallos de el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Los analistas, en cambio, acusan la rapidez y la manera caótica en la que se adoptaron estas leyes. Ellos recuerdan que, gracias a los fiscales anticorrupción, fue posible condenar a un exministro, investigar y enjuiciar a un primer ministro en funciones, arrestar a un juez del Tribunal Constitucional y al alcalde general junto con otros seis alcaldes de distritos de Bucarest. A estos se suman decenas de exmiembros del Gobierno y del Parlamento, alcaldes de municipios, presidentes de Consejos departamentales o prefectos, de izquierda o de derecha, en el poder o en la oposición, todos ellos protagonistas en casos de corrupción. Los analistas concluyen que a través de las modificaciones de las leyes de la Justicia los políticos intentan ahora recobrar sus privilegios y volver a ser una casta intocable.
