Nombramientos controvertidos para la dirección de las Fiscalías
Las reacciones ante la reciente decisión del presidente Klaus Iohannis respecto al nombramiento de los fiscales jefes, son totalmente opuestas.
Roxana Vasile, 21.02.2020, 14:50
Desde hace tiempo, las principales Fiscalías, es decir la Fiscalía General, la Dirección Nacional Anticorrupción (DNA) y la Dirección de Investigación de Delitos de Delincuencia Organizada y Terrorismo (DIICOT), eran dirigidas por interinos, algo sin precedentes en la Justicia de Rumanía. La provisionalidad ha acabado este jueves tras el anuncio del presidente Klaus Iohannis, quien ha firmado el nombramiento de los titulares siguiendo la propuesta del ministro de Justicia, Cătălin Predoiu. Durante los próximos tres años, Gabriela Scutea dirigirá la Fiscalía General, Crin-Nicu Bologa la DNA y Elena-Giorgiana Hosu la DIICOT. Según ha afirmado el mismo presidente, “ha sido un placer” nombrar a estas personas, dado que las propuestas del ministro Predoiu son correctas:
“Teniendo en cuenta que he tenido, por un lado, las propuestas del ministro, que me han parecido muy bien elaboradas, muy bien motivadas, y por otro lado, el informe del Consejo Superior de la Magistratura, que me ha parecido parcialmente bastante superficial, he considerado correctas las propuestas del ministro Predoiu y he nombrado a los tres candidatos para ocupar estos cargos.”
Es decir que el presidente ha hecho los nombramientos, aunque Gabriela Scutea, para la Fiscalía General, y Elena-Giorgiana Hosu, para la DIICOT, no recibieron el visto bueno del Consejo Superior de la Magistratura. El primer ministro interino Ludovic Orban, líder del PNL, considera que los nombramientos son correctos:
“La selección se ha hecho según unos criterios objetivos y su nombramiento para estos cargos pone fin a una larga provisionalidad que ha afectado negativamente al funcionamiento de las instituciones del Ministerio Público.”
En cambio, el PSD, en la oposición, considera que el presidente Klaus Iohannis tendría que haber considerado que el Consejo Superior de la Magistratura no había dado el visto bueno. El vicepresidente del Senado, el socialdemócrata Robert Cazanciuc:
“En el siguiente informe veremos probablemente la opinión de la Comisión Europea sobre esta decisión del presidente Klaus Iohannis, pero hay algo muy claro: el Mecanismo de Cooperación y Verificación (MCV) y el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) recomiendan que se tengan en cuenta las recomendaciones del Consejo Superior de la Magistratura”.
En un mensaje publicado en Facebook, el líder de la USR, Dan Barna, ha afirmado que el nombramiento de unos fiscales jefes que no han recibido el visto bueno del Consejo Superior de la Magistratura representa una acción oportunista, en un contexto político conveniente para la actual potencia liberal. La Asociación del Foro de Jueces de Rumanía ha acusado en un comunicado que tanto el ministro de Justicia, Cătălin Predoiu, como el presidente Klaus Iohannis, no han tomado en cuenta los informes de la Comisión Europea dentro del Mecanismo de Cooperación y Verificación y ha recordado, en este contexto, que Bruselas se está preparando para condicionar la concesión de fondos europeos al respeto al Estado de derecho, y Rumanía corre el riesgo de perder cifras inmensas. También parte de la prensa que apoya al presidente Iohannis y a su formación, el Partido Nacional Liberal, se ha declarado sorprendida. Los periodistas de la página G4media opinan que si el PSD hubiera estado en el Gobierno y hubiera hecho estos nombramientos como lo hizo el presidente Iohannis, ahora la gente habría empezado a reunirse en la Plaza de la Victoria, el lugar predilecto de las manifestaciones contra los socialdemócratas durante los últimos tres años.
Versión española: Monica Tarău
