Nueva legislación sobre ayudas sociales
En Rumanía, las personas que se benefician de alguna ayuda social correrán el riesgo de quedarse sin asistencia financiera por parte del Estado si rechazan un puesto de trabajo. La ley ha sido promulgada por el presidente Klaus Iohannis.
Mihai Pelin, 23.07.2018, 14:35
Según un informe presentado por el Banco Mundial, en Rumanía, al final del año pasado, alrededor de 4 millones de personas entre 15 y 64 años de edad, no buscaban trabajo y tampoco realizaban alguna actividad por cuenta propia.
El mismo informe precisa que sólo un 10% de la población inactiva estaría dispuesta a trabajar pero no busca un empleo. Aún más, en los últimos 6 años, el flujo de las personas inactivas que se emplean o vuelven a emplearse es casi nulo. La cantidad total de dinero que el Estado rumano pagó en el mes de diciembre de 2017 para las ayudas sociales (el ingreso mínimo garantizado) superó la cifra de 60 millones de lei, esto es 13 millones de euros, un valor promedio que alcanza los casi 276 lei, es decir 60 euros por persona. Sin embargo, las cosas empiezan a cambiar, ya que las personas que se benefician de la ayuda social correrán el riesgo de quedarse sin dinero por parte del Estado si se niegan a aceptar un trabajo o a seguir un curso de capacitación. La ley que modifica las reglamentaciones relativas al ingreso mínimo garantizado ha sido promulgada por el presidente Klaus Iohannis. En el Parlamento, el proyecto fue respaldado por todos los partidos y sus iniciadores evidenciaron que éste persigue alentar el trabajo y responsabilizar a los beneficiarios de prestaciones sociales. El diputado demócrata liberal Stefan Baisanu:
“Ya es hora de que en Rumanía cada ciudadano reciba ingresos en conformidad con el trabajo prestado. Esta ley no se refiere a las personas con necesidades especiales que deben ser ayudadas, sino a las personas aptas para trabajar. Además existe la solución de trabajar por temporada en la construcción o en la agricultura.”
Conforme con las nuevas previsiones, en compensación por el dinero recibido bajo forma de ayuda social, uno o varios miembros de la familia con mayoría de edad y aptos para trabajar se verán obligados a prestar mensualmente servicios o ejecutar obras de interés local, a solicitud del alcalde, según el importe de la ayuda social de la familia beneficiaria. Todo sin rebasar el régimen laboral normal y observando las normas de seguridad e higiene laboral. Si después de un control se descubre que la familia o la persona ha obtenido por si sola ingresos procedentes de fuentes no declaradas por el titular, se dispondrá la suspensión del derecho a recibir ayuda social. La ley establece también obligaciones para el alcalde. Este debe elaborar un plan de actividades de temporada sobre la base de las solicitudes recibidas por parte de las empresas que necesitan mano de obra y funcionan en el radio de la respectiva población. Si incumple sus obligaciones el alcalde podrá ser multado con desde1000 y hasta 5000 lei, cantidad de dinero equiparable a 217 y 1090 euros respectivamente.
Conforme con la ley, las familias y las personas solteras, de nacionalidad rumana, tienen derecho a beneficiarse de un ingreso mínimo garantizado bajo forma de ayuda social. Esta representa una cantidad de dinero de sobrevivencia que el Estado rumano concede mensualmente a las personas sin ningún tipo de ingreso o a las personas con los más bajos ingresos. En el mes de diciembre de 2017, un cuarto de millón de personas se beneficiaron de esta forma de ayuda social.
