Nuevas protestas contra las modificaciones en la justicia
Miles de personas han protestado el domingo por la noche en las principales ciudades de Rumanía contra la ordenanza de urgencia que modifica las leyes de Justicia.
Corina Cristea, 25.02.2019, 14:22
Miles de personas han vuelto a salir a la calle en Bucarest y en varias ciudades de Rumanía para protestar contra las previsiones de la ordenanza que modifica las leyes de Justicia. Ellos piden la derogación de dicha ley sobre la cual afirman que afectaría a la independencia de los magistrados y bloquearía la actividad de las fiscalías. Iniciada por el ministro de Justicia, Tudorel Toader, y adoptada la semana pasada por el Gobierno, la ordenanza modifica las reglas de nombramiento de diferentes categorías de jueces y reduce las prerrogativas de los fiscales. Mediante esta ley, se cambia el proceso de nombramiento de los fiscales jefes y se elimina la mayor parte del control de una unidad de investigación de los magistrados que, según los críticos, fue creada para intimidar. Éstas son las modificaciones más recientes realizadas en los últimos dos años por los socialdemócratas, en el Gobierno junto con la ALDE, y que han generado amplias protestas en la calle. “Hemos venido para defender lo que ha quedado del Estado de derecho”, han declarado los manifestantes quienes también han pedido la dimisión del Ejecutivo.
El viernes pasado, centenares de magistrados protestaron en varias ciudades importantes mientras que una parte de los fiscales decidió suspender su actividad para impugnar la aprobación de estas modificaciones. La Comisión Europea, el Departamento de Estado de EE. UU. y miles de magistrados rumanos consideran que los cambios amenazan la independencia de la justicia y el Estado de derecho. “Las modificaciones de las leyes de Justicia mediante ordenanza de urgencia sin consultar al Consejo Superior de la Magistratura y al cuerpo de los magistrados tienen un impacto mayor en la capacidad de todo el cuerpo de los fiscales a la hora de cumplir con sus deberes constitucionales”, según indica un comunicado de los fiscales de Bucarest.
Desde que asumió el poder a finales del 2016, el PSD empezó una revisión polémica del sistema judicial. Los socialdemócratas motivan sus acciones afirmando que ésta “corrige los abusos de los jueces” y apoya una justicia equitativa. Por otra parte, los críticos señalan que el objetivo de esta reforma beneficiaría, entre otras personas, al jefe del PSD, Liviu Dragnea, condenado por fraude electoral. Durante el mandato de Laura Codruta Kovesi, destituida el año pasado del cargo, la Dirección Nacional Anticorrupción ha condenado por corrupción a numerosos altos dignatarios incluidos ministros y parlamentarios ganándose el aprecio de la UE. Sin embargo, últimamente Bruselas, que sigue monitorizando con detalle el funcionamiento de la justicia en Rumanía, ha advertido varias veces al Gobierno para que actúe de conformidad con las recomendaciones de la CE para respetar el Estado de derecho.
