Nuevos políticos imputados por corrupción
En el Parlamento o en la administración local, nuevos casos de corrupción están siendo investigados por los fiscales de la DNA. Se trata de figuras importantes de la política rumana.
Bogdan Matei, 01.04.2016, 14:44
La lucha contra la
corrupción ha registrado un récord en Rumanía. Los fiscales han dictado este
jueves como medida de control judicial contra el diputado Sebastian Ghiţă (38 años), el pago de una fianza récord de 13 millones
de euros, tras haber rechazado el pleno de la Cámara de los Diputados la
solicitud de la DNA de detención preventiva en este caso.
Uno de los allegados
del ex primer ministro socialdemócrata Victor Ponta, Ghiţă está acusado de múltiples delitos, como cohecho, chantaje,
tráfico de influencias y conducción sin carnet.
En
el mismo expediente ya se había dictado la detención preventiva contra algunas
personas con cargos importantes, que tenían que aplicar la ley y no violarla:
los fiscales Liviu Tudose y Aurealian Mihăilă, el exsubsecretario de Estado en
el Ministerio del Interior Viorel Dosaru y el exjefe de la Dirección General
Anticorrupción de la Policía de Prahova (sur), Constantin Ispas. Ghiţă rechaza las acusaciones y afirma que de
hecho, los fiscales pretenden perseguir a Ponta. El diputado ha tenido un ascenso
y una caída igual de sorprendentes.
Cuando era estudiante, sus habilidades de informático y de empresario le hicieron
millonario. Dueño de una cadena de televisión, firmó algunos contratos
públicos, entró en la política, llegando a ser una de las principales figuras
del grupo de jóvenes socialdemócratas integrado por allegados de Ponta, así
como un personaje clave en la comisión parlamentaria que controlaba la
actividad del SRI.
Tras la investigación
abierta por la DNA, el imperio construido por Ghita empezó a descomponerse como
un castillo de naipes. Así, se ha visto
excluido del PSD y de la comisión para el SRI, y la medida de control judicial
le prohíbe incluso ponerse en contacto con sus empleados de la cadena de
televisión. También este jueves,
el Tribunal de Bucarest ha dictado 30 días de detención preventiva domiciliaria
contra la alcaldesa de Craiova (sur), la socialdemócrata Lia Olguţa Vasilescu (42 años).
Está acusada de
delitos de cohecho, tráfico de influencias para obtener fondos, bienes o
beneficios ilegales y blanqueo de dinero.
Este ha sido un nuevo
golpe para el PSD, que según los pronósticos, es el gran favorito a las
elecciones locales que tendrán lugar el próximo 5 de junio. Por primera vez en
la Rumanía postcomunista, se organizarán elecciones a una sola vuelta.
Vasilescu tenía la máxima oportunidad de ganarlas, en una ciudad donde es muy
popular. Ahora los fiscales anticorrupción la acusan
de haber financiado ilegalmente, con unos 130.000 euros, la campaña electoral
de 2012, cuando llegó a ser alcaldesa.
Visiblemente
afectado, el líder de los socialdemócratas, Liviu Dragnea, ha declarado que
esta detención debe representar una seria preocupación entre todos los
candidatos, no solo los del PSD. También ha anunciado que iniciará una guía del
candidato, que incluirá una lista de
cosas que ellos no deben hacer para no ir a la cárcel. Algunos analistas han
calificado esta idea de oportuna, otros de ridícula, y han dicho que no hace
falta elaborar una guía sino que sería suficiente obedecer el mandamiento de la Biblia: ¡No robar!
(traducido por S.Sarbescu)
