Polémicas sobre la ley » Gran Hermano»
Tras los atentados perpetrados en París, las autoridades de Rumanía quieren adoptar una Ley de Seguridad Cibernética.
Roxana Vasile, 19.01.2015, 18:43
Tras los recientes atentados perpetrados en París, en Rumanía ha surgido la idea de crear una ley de seguridad cibernética, calificada según sus numerosos opositores como la ”ley Big Brother” (ley Gran Hermano). Rechazada el pasado verano por el Tribunal Constitucional, esta ley será ahora analizada por el Gobierno y el Parlamento de Bucarest, así como por la sociedad civil, que se opone al proyecto. Muchos ciudadanos, incluso algunos políticos, consideran que ninguna institución o persona debería violar la vida privada de los ciudadanos o el contenido de sus ordenadores ya que afecta así al derecho a la intimidad.
Dado que el Tribunal Constitucional rechazó la ”ley Big Brother” en julio de 2014, la urgencia” invocada por las autoridades significa utilizar la tragedia ocurrida en Francia como pretexto para aprobar proyectos legislativos de seguridad que violan los derechos fundamentales, según afirman algunas ONG. ¿Para qué sirve una monitorización general en vez de una vigilancia individual?, preguntan las mismas ONG. Con el fin de eliminar las especulaciones y también las acusaciones dirigidas contra la Ley de Seguridad Cibernética, el Servicio Rumano de Inteligencia ha explicado que con esta ley quieren proteger y respetar los derechos y las libertades fundamentales de los ciudadanos y que las autoridades podrían tener acceso al contenido del ordenador y a otros datos de carácter privado solo con una autorización judicial. Solo los administradores de infraestructuras cibernéticas y no las personas físicas podrán suministrar a las autoridades datos técnicos sobre el delito objeto de la autorización.
Si los controles preliminares confirman la necesidad de investigar a ciertas personas, el juez puede autorizar el acceso policial al ordenador, tableta o smartphone pertenecientes a dichas personas. Además, el SRI explicó que no hace falta aplicar otras regulaciones sobre los derechos humanos porque ya existe una ley que regula el acceso policial a datos de carácter privado en el Código de Procedimiento Penal y también en la Ley de Seguridad Nacional. Si la ”ley Big Brother” sigue siendo un asunto controvertido, no se puede decir lo mismo sobre la ley de tarjetas prepago. Una posible aplicación de la ley que permita identificar a los usuarios de móviles prepago parece no haber suscitado tanta polémica, dado que se supone que las llamadas con tarjeta prepago no son secretas o clandestinas, sino asumidas por los usuarios de móviles.
