Propuesta de amnistía fiscal
El Ejecutivo rumano eliminará la deuda tributaria que más de 20.000 jubilados y 12.500 madres tienen que pagar al Estado. A causa de algunos errores administrativos, deberían devolver el dinero indebidamente cobrado. El Gobierno ha aprobado dos proyectos
România Internațional, 20.08.2014, 15:40
El Gobierno rumano ha aprobado este martes los proyectos de ley para amnistiar a los jubilados y a las madres que han recibido dinero indebido por culpa de los funcionarios. 30.000 jubilados y 12.500 mujeres se beneficiarán de los dos proyectos. El ministro de Trabajo, Rovana Plumb, ha precisado que la medida de la amnistía fiscal se aplicará para todos los jubilados inscritos en el sistema de pensiones hasta la fecha de entrada en vigor de la ley. He aquí la declaración de Rovana Plumb:
“Todos los jubilados estarán exentos del pago de las deudas tributarias, excepto aquellos que hayan acumulado deudas por su culpa exclusiva, es decir declaraciones o documentos falsos. Es necesario analizar todos estos documentos.”
Aquellos que hayan engañado al Estado y han presentado declaraciones o documentos falsos para obtener más dinero se verán obligados a devolverlo en un plazo de cómo máximo tres años. Este es el caso de más de 9.500 jubilados. En la misma situación están las madres que han engañado al Estado a través de documentos falsos. Rovana Plumb nos ha dicho quién se beneficiará de la amnistía:
“En esta situación se encuentran las madres que han acumulado deudas debido a que durante el período en el que se quedaron en casa para cuidar de los niños y recibieron subvenciones, obtuvieron también ingresos adicionales y los declararon a las administraciones fiscales.”
Según la ministra, en esta situación se encuentran 30.000 jubilados que tienen deudas de 65.000.000 de lei y casi 12.500 madres, con deudas de 15.000.000 de lei. Rovana Plumb ha subrayado que estas cifras no afectarán el presupuesto de los seguros sociales para 2014. Los dos proyectos de ley tendrán que recibir el visto bueno del Parlamento. El primer ministro Victor Ponta ha declarado que el Legislativo también puede dejar de mencionar en el texto de la ley otras categorías de personas si hay problemas similares.
El Ejecutivo tiene el deber de solucionar las situaciones en las que los funcionarios cometen errores que afectan a los ciudadanos, según ha declarado Ponta. El primer ministro ha añadido que el Gobierno tiene que enviar un mensaje a los ciuadadanos, para que no entren en pánico, no tomen decisiones extremas y no piensen que su vida se acaba a causa de algunos funcionarios que no han hecho bien su trabajo. En el último período, la prensa ha presentado varios casos de jubilados que se han suicidado porque pensaban que se iban a ver obligados a devolver el dinero que habían recibido de forma legal durante varios años.
(Trad. Monica Tarau)
