Pros y contras de la modificación de la legislación penal
En Bucarest y en otras grandes ciudades de Rumanía se han organizado nuevamente grandes manifestaciones contra la iniciativa del Gobierno respecto al indulto colectivo y la modificación de los Códigos Penales.
Bogdan Matei, 30.01.2017, 14:33
Unas 50.000 personas salieron a la calle en Bucarest y otras 40.000 aproximadamente salieron en las grandes ciudades de Rumanía o en París y Bruselas, donde han protestado los que viven en el extranjero. Los rumanos no participaban en unas manifestaciones tan grandes desde principios de los 90, inmediatamente después de la Revolución anticomunista. El domingo por la tarde pidieron nuevamente al Gobierno del PSD y la ALDE que renunciara a sus proyectos de ordenanzas sobre el indulto colectivo, que despenalizaría algunos hechos penales. Los proyectos prevén amnistiar totalmente las penas de cárcel de hasta 5 años. Se podrían también reducir a la mitad las penas de cárcel para los mayores de 60 años. Además, el abuso de poder será considerado un delito solo si el daño causado supera los 200.000 lei (aproximadamente 55 000 euros). El ministro socialdemócrata de Justicia, Florin Iordache, considera que las modificaciones son necesarias para solucionar la sobrepoblación de las cárceles, donde hay casi nueve mil detenidos más que espacios de detención, y para poner en concordancia la legislación con las decisiones del Tribunal Constitucional. El ministro ha afirmado que Rumanía fue condenada ya por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por malos tratos y por lo que ha llamado “las condiciones inhumanas” de las cárceles. En una declaración a Radio Rumanía, Iordache ha asegurado que el indulto no se aplicará en el caso de las penas por hechos de corrupción y tampoco por delitos violentos.
Pero los argumentos del ministro o del primer ministro Sorin Grindeanu no han convencido a los manifestantes. Vehementes, pero decentes y pacíficos, los manifestantes, jóvenes en su mayoría, repitieron la manifestación organizada una semana antes, cuando unas 30 000 personas salieron a la calle en Bucarest. “¡Que os lleve la DNA!”, “¡Rumanía no quiere el indulto!”, “¡El PSD, la peste roja!” o “¡La ALDE y el PSD, la misma miseria!”, fueron los eslóganes de la nueva manifestación antigubernamental. Al igual que la prensa, la sociedad civil, la oposición de derecha o el mismo presidente Klaus Iohannis, han acusado el “intento de limpiar los expedientes penales” de los políticos del ámbito gubernamental acusados de corrupción. Su indignación es mayor aún por el hecho de que estas modificaciones de la legislación penal ni siquiera estuvieran mencionadas en el programa de gobierno con el que el PSD ganó categóricamente las elecciones parlamentarias del 11 de diciembre. La prensa favorable al poder acusó primero a los manifestantes de querer dar un golpe de Estado y no vaciló en ridiculizarles después, afirmando que a los rumanos les sacó a la calle la victoria del tenista suizo Roger Federer en el torneo de Melbourne. Sin embargo, los analistas han afirmado que a la intención gubernamental se oponen el Consejo Superior de la Magistratura, el Ministerio Público, la Dirección Nacional Anticorrupción (DNA) y la Dirección de Investigación de los Delitos de Crimen Organizado y Terrorismo (DIICOT). Y se han declarado indignados ya que, según uno de ellos, “el PSD ha llegado a estar de repente muy preocupado por los presos, aunque haya afirmado que quería gobernar en nombre del pueblo no prisionero”.
