Protestas sindicales
El Gobierno y los sindicatos de Rumanía volverán a reunirse el próximo viernes para debatir la propuesta del Gobierno socialdemócrata que prevé el pago de las contribuciones sociales por parte del empleado y no del empleador. Según los sindicatos, y también los expertos, la medida podría reducir el ingreso neto de los empleados en un 20%, lo que anularía íntegra o parcialmente los generosos aumentos de salarios aprobados por el Gobierno para algunas categorías de funcionarios públicos. En la lista de reivindicaciones también figura la ley de los salarios en el sistema público y la ley de diálogo social. Las negociaciones tienen lugar tras la acción de protesta organizada este miércoles delante de la sede del Gobierno. Miles de personas participaron en esta manifestación convocada por una de las principales confederaciones sindicales de Rumanía, Cartel Alfa. Una delegación compuesta por representantes de la policía, la sanidad, los transportes, la educación y la administración pública ha iniciado una ronda de negociaciones con el Gobierno. Al final de la reunión, el líder de Cartel Alfa, Bogdan Hossu, ha declarado que las autoridades analizarán la propuesta de no pasar las contribuciones sociales del empleador al empleado y que se están buscando soluciones para anular esta medida. Por su parte, el primer ministro Mihai Tudose ha declarado que no ha renunciado a la idea, pero que el Ejecutivo intentará compensar el pago de las contribuciones a través del aumento del salario bruto. Mihai Tudose:
România Internațional, 05.10.2017, 14:47
El Gobierno y los sindicatos de Rumanía volverán a reunirse el próximo viernes para debatir la propuesta del Gobierno socialdemócrata que prevé el pago de las contribuciones sociales por parte del empleado y no del empleador. Según los sindicatos, y también los expertos, la medida podría reducir el ingreso neto de los empleados en un 20%, lo que anularía íntegra o parcialmente los generosos aumentos de salarios aprobados por el Gobierno para algunas categorías de funcionarios públicos. En la lista de reivindicaciones también figura la ley de los salarios en el sistema público y la ley de diálogo social. Las negociaciones tienen lugar tras la acción de protesta organizada este miércoles delante de la sede del Gobierno. Miles de personas participaron en esta manifestación convocada por una de las principales confederaciones sindicales de Rumanía, Cartel Alfa. Una delegación compuesta por representantes de la policía, la sanidad, los transportes, la educación y la administración pública ha iniciado una ronda de negociaciones con el Gobierno. Al final de la reunión, el líder de Cartel Alfa, Bogdan Hossu, ha declarado que las autoridades analizarán la propuesta de no pasar las contribuciones sociales del empleador al empleado y que se están buscando soluciones para anular esta medida. Por su parte, el primer ministro Mihai Tudose ha declarado que no ha renunciado a la idea, pero que el Ejecutivo intentará compensar el pago de las contribuciones a través del aumento del salario bruto. Mihai Tudose:
“No estamos de acuerdo, no se ha tomado ninguna decisión para renunciar a esta medida, queremos encontrar una solución para compensar o aplicar la ley de salarios, y si podemos ofrecer compensaciones al empleado, sería una buena solución. A partir del próximo viernes, tendremos un grupo de trabajo y hay que hablar con todas las confederaciones sindicales para que todos se pongan de acuerdo.
El presidente de la Federación Sanitas, Leonard Bărăscu, ha declarado que sigue esperando soluciones para sus reivindicaciones. Leonard Bărăscu:
“En el país, las cosas han empeorado, los compañeros están hartos de promesas. También creen que solo una huelga o la dimisión de miles o decenas de miles de empleados del sistema puede convencer a este Gobierno de que lo importante es analizar la ley y pensar más, igual que hasta ahora.
Los sindicatos de la sanidad han anunciado que continuarán las protestas y que quieren iniciar una huelga general. También piden eliminar el umbral máximo del 30% para los incentivos y aplicar todos los aumentos para los empleados del sistema sanitario y de asistencia social, a partir del 1 de marzo de 2018. Los profesores denuncian la escasa financiación de la educación, así como el nivel reducido de los salarios. En su lista de problemas, también figuran la anulación del aumento de los salarios en un 25%, los retrasos en el pago de los salarios, el cálculo incorrecto de los incentivos y el bajo nivel de las pensiones para los empleados del sistema de educación.
(Trad: Simona Sarbescu)
