Protestas tras la modificación del Código Penal
Las recientes modificaciones que los parlamentarios quieren introducir en el Código Penal han generado protestas en la calle. Sin embargo, las reacciones son mucho más numerosas.
Florentin Căpitănescu, 16.12.2013, 16:52
Tras las reacciones de instituciones como la Presidencia y el Consejo Superior de la Magistratura o las misiones diplomáticas de algunos estados occidentales en Bucarest, la calle también ha reaccionado ante las polémicas modificaciones que los parlamentarios rumanos quieren llevar a cabo en el Código Penal. Casi mil personas se han reunido este domingo en el centro de Bucarest, convertido estos últimos meses en un punto clave de las protestas de los ciudadanos, para protestar contra el nuevo muro que el Parlamento quiere interponer entre ellos y la Justicia. La principal modificación es la que prevé que el jefe del Estado, los parlamentarios y las personas con profesiones liberales dejen de ser considerados funcionarios públicos y por consiguiente ya no puedan ser investigados y condenados por delitos de corrupción, como prevaricación, cohecho o tráfico de influencias, o por conflicto de intereses.
Aunque la adopción muy rápida de estas modificaciones ha generado indignación pública, los parlamentarios, independientemente de su color político, no han dejado de defender su voto y sus decisiones. Entre los más activos está el diputado del PSD (en el poder), Eugen Nicolicea:
“Los parlamentarios han sido eliminados de la categoría de los empleados públicos. Esta es una afirmación falsa. La principal condición para un funcionario público, según la definición en el Código Penal, es la de trabajar en una institución pública. Evidentemente esto no sucede, a pesar de ser el Senado o la Cámara de los Diputados instituciones públicas. Los parlamentarios no trabajan para la Cámara de los Diputados o el Senado. Sí que trabajan los consejeros, la plantilla técnica y los demás empleados, pero no los parlamentarios, así como el presidente tampoco es empleado de la Administración Presidencial”.
Aunque numerosas, las explicaciones presentadas por los diputados no han encontrado ningún terreno fértil. Mucho menos si hablamos de la Agencia Nacional de Integridad (ANI) y la Dirección Nacional Anticorrupción (DNA) que, una vez aprobadas las modificaciones del Código Penal, perderán una parte importante de sus actividades. Los casos de decenas de parlamentarios que estuvieron o siguen estando investigados por la ANI y la DNA son una prueba del nivel de implicación de estas instituciones en la lucha contra las ilegalidades cometidas por los diputados. Desde el jefe del Estado, Traian Băsescu, hasta los analistas políticos, no son pocos los que opinan que el hecho de los parlamentarios escapen a la autoridad de la ANI y la DNA supondrá muchos puntos negativos en el futuro informe de la Comisión Europea sobre el progreso de la Justicia en Rumanía. Esto también porque tradicionalmente la ANI y la DNA gozan de calificativos muy positivos otorgados por los informes anteriores de la Comisión.
(trad. Simona Sarbescu)
