Protestas y disputas sobre la legislación penal
Cientos de miles de rumanos han salido a la calle en las grandes ciudades de Rumanía y del extranjero para protestar contra las nuevas medidas tomadas por el Gobierno rumano como la modificación de la legislación penal.
Corina Cristea, 02.02.2017, 14:20
La decisión del Gobierno de Grindeanu de modificar, la noche de este martes por procedimiento de urgencia, los Códigos Penal y de Procedimiento Penal ha generado las mayores protestas callejeras en Rumanía desde la caída del comunismo en 1989. Más de 150.000 personas salieron a la calle en Bucarest para protestar delante de la sede del Gobierno y otros 150.000 protestaron en las grandes ciudades del país. Los rumanos en el extranjero también salieron a la calle en muchas capitales europeas. En Londres, París, Bruselas y Roma los manifestantes expresaron su solidaridad. “¡Por la noche, como ladrones!”, ”¡Dragnea hunde el país!», ”¡Todos los días, aquí estaremos! «, ”¡No podéis escapar», ”¡Traidores!», “¡Ceausescu no ha muerto, se ha reencarnado en Dragnea!”, gritaban los manifestantes. La gente se mostró indignada ante la modificación de los Códigos. Según han dicho, el decreto aprobado por el Gobierno de hecho oculta la intención de despenalizar los delitos cometidos por varios políticos, mandatarios locales y empresarios. Las nuevas ordenanzas ayudarán a los clientes políticos a limpiar sus expedientes. Entre ellos figuran nombres importantes, como el líder del PSD, Liviu Dragnea, que ya tiene una condena de pena de cárcel en régimen abierto y ahora está siendo investigado por abuso de poder.
La extrema aglomeración en las prisiones, que podría causar la aplicación de una sanción contra Rumanía y las decisiones del Tribunal Constitucional han sido las razones presentadas por el Ejecutivo, pero todo parece ser solo un pretexto que no justifica la modificación por procedimiento de urgencia de unas leyes tan importantes como el Código Penal. Los cambios pretenden despenalizar el abuso de poder. Así, se despenalizan los casos de corrupción si causan pérdidas al Estado menores a 200.000 lei (unos 45.000 euros) y se amplía la categoría de despenalización para los casos de participación en la comisión de un delito.
El jefe del Estado, Klaus Iohannis, ha reaccionado y ha denunciado al Tribunal Constitucional un posible conflicto jurídico entre el Gobierno, la Justicia y el Parlamento. Anteriormente, el Consejo Superior de la Magistratura había denunciado un conflicto institucional entre las autoridades del Estado. El poder ejecutivo, es decir el Gobierno, habría violado las atribuciones y los derechos del poder judicial, ha señalado el CSM. La oposición de derecha ha presentado una moción de censura, titulada «El Gobierno de Grindeanu: el Gobierno del desprecio nacional. ¡No legalicen el robo en Rumanía!».
(trad. Simona Sarbescu)
