Reacciones después de las violencias callejeras de Bucarest

El pasado fin de semana, en Rumanía, hubo amplias protestas contra el gobierno.

România Internațional, 13.08.2018, 17:43

En Bucarest, y en las grandes ciudades de Rumanía, hubo tres días de protestas durante los cuales los participantes denunciaron, tal como lo han hecho en el último año y medio, la corrupción y la incompetencia del poder de izquierda instalado después de las elecciones legislativas del año 2016, así como las controvertidas modificaciones de las leyes de la justicia y del código penal, operadas por el actual Ejecutivo.

Los protestatarios solicitaron la renuncia del gobierno encabezado por Viorica Dancila, e integrado por el PSD y la Alianza de Liberales y Demócratas, así como la organización de elecciones anticipadas. El sábado y domingo pasados, las manifestaciones se desarrollaron sin incidentes notables. En cambio, el pasado viernes, el gran mitin organizado en Bucarest por los rumanos del extranjero, a los cuales se les juntaron los compatriotas del interior tuvo un desenlace dramático que nos recordó los asaltos de los mineros que estigmatizaron los primeros y más turbios años del período postcomunista.

Provocadas por gamberros que nada tenían que ver con la protesta de la diáspora, las tropas de gendarmes recurrieron a medidas de fuerza y utilizaron gas lacrimógeno y cañones de agua para dispersar a los protestatarios. El balance se cifró en 500 personas que necesitaron de atención médica, de las cuales 70 fueron transportadas al hospital entre éstas encontrándose también gendarmes.

Fue una intervención legítima, defensiva, declararon los representantes de la Gendarmería, institución protegida por la titular del Interior, Carmen Dan, en cuya opinión, la acción de fuerza se justificó por las provocaciones de los gamberros. Carmen Dan declaró que la reacción del presidente, Klaus Iohannis, con respecto a la intervención brutal de los gendarmes fue prematura y que le incumbe a la Fiscalía General la misión de aclarar qué ocurrió y quiénes son los responsables de las violencias.

El presidente le pidió a la titular del Interior que asumiera la responsabilidad por la manera en que las fuerzas de orden actuaron y bajo cuyo mando. El jefe del estado ha condenado firmemente los actos de violencia independientemente de su autor, y ha solicitado que los culpables sean castigados. Klaus Iohannis considera que los gendarmes deben tener una actitud defensiva y tiene que proteger a las instituciones del Estado, el orden constitucional, pero, antes que nada, al ciudadano.

El más controvertido hombre político del momento, el presidente de la Cámara de los Diputados y del PSD, Liviu Dragnea, ha asegurado a los rumanos de que no permitirá a nadie que disuelva la democracia, suspenda los derechos y las libertades individuales, cambie el resultado de las elecciones y derroque el orden en el Estado rumano. Dragnea ha calificado de irresponsables las críticas formuladas contra los gendarmes por el presidente Iohannis y las tildó de intento de socavar la autoridad del Estado.

La primera ministra, Viorica Dancila, blanco a su vez del sarcasmo de los protestatarios- ha condenado los actos violentos acerca de los cuales ha declarado que han sido provocados por grupos bien organizados. El PSD ha solicitado a las autoridades del estado que establezcan en qué medida los actos de violencia fueron provocados por algunos partidos y líderes políticos de oposición.

Del lado opuesto, el líder liberal, Ludovic Orban, se ha referido a una acción premeditada, mientras que la Unión Salvad Rumanía ha declarado que los gendarmes utilizaron la fuerza de manera abusiva y provocaron a los protestatarios en lugar de extraer de las multitudes a las personas agresivas. Imágenes sorprendidas por las cámaras de vídeo, fotos sacadas por los periodistas y por los participantes en las protestas así como testimonios de éstos últimos apuntan hacia una réplica desproporcionada de las fuerzas de orden. Más de 30 personas han solicitado certificado médico forense y han presentado quejas contra los gendarmes por golpes, injurias y retención abusiva.