Reacciones tras la decisión del Gobierno de aprobar leyes por la vía rápida
El Gobierno rumano ha asumido la responsabilidad política ante el Parlamento por tres leyes.
Ştefan Stoica, 13.12.2019, 14:24
El gabinete minoritario liberal de Bucarest se ha visto obligado, por la falta de tiempo y por su frágil situación en el Parlamento, a asumir la responsabilidad política sin previa consulta parlamentaria por tres proyectos de ley. Se trata de enmendar las leyes de Justicia, derogar un decreto ley sobre el transporte local y determinar el umbral del presupuesto para el próximo año.
Es la solución legislativa más saludable en este momento, ha explicado la vicepresidenta del Senado del Partido Nacional Liberal (PNL), Alina Gorghiu. Según ella, el Gobierno de Ludovic Orban ha puesto en juego su mandato, y la apuesta es enorme: sacar a Rumanía del apuro. Si bien el Partido Movimiento Popular (PMP) cree que la acción es justa y legal, la Unión de los Húngaros de Rumanía (UDMR, por sus siglas en rumano) advierte que tal procedimiento es una desviación seria en el caso de la ley del presupuesto del sector público para el 2020, y la ALDE ha expresado su esperanza de que el Ejecutivo deje de recurrir a este procedimiento en el futuro. La Unión Salvar Rumanía (USR) también argumenta que la ley del presupuesto debería adoptarse en el Parlamento y no a través de la vía rápida sin previa consulta parlamentaria. Pro Rumanía cree que esta decisión del Gobierno de asumir la responsabilidad política por los tres proyectos de ley es una estrategia para poner a prueba la solidez de la mayoría parlamentaria.
El primer ministro Orban ha aprovechado su comparecencia en el Parlamento y la discusión sobre el presupuesto para llamar la atención sobre la situación extremadamente difícil del país desde el punto de vista financiero. Ha llamado a la prudencia y ha dicho que el presupuesto del próximo año no tendrá costos adicionales. Ludovic Orban:
“El presupuesto de Rumanía para el 2020 no incurre en ningún gasto adicional. Cualquier gasto adicional, que sea el resultado de la adopción de algunas leyes, conducirá al aumento del déficit o a la imposibilidad de hacer gastos imprescindibles para el desarrollo económico de Rumania”.
El Gobierno propone un déficit presupuestario para el próximo año del 3,6% del PIB, y para el año 2021 del 3,34% del PIB. Asumir la responsabilidad política para adoptar actos normativos conlleva el riesgo de una moción de censura contra el gabinete. El presidente interino del PSD, jefe de la Cámara de Diputados, Marcel Ciolacu, ha dicho, sin embargo, que los socialdemócratas no tienen la intención de presentar una moción de censura. No obstante, dos de las leyes aprobadas a través de este procedimiento por el Gobierno no podrán entrar en vigor porque el PSD ha anunciado que recurrirá ante el Constitucional el proyecto de ley que extiende el límite mínimo de antigüedad para ingresar al Poder Judicial y la ley sobre el transporte escolar. Marcel Ciolacu:
«El Partido Socialdemócrata ha decidido presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional, porque consideramos que aquí hay un conflicto legal. Una ley que ya está en trámite parlamentario no puede ser aprobada por el Gobierno por la vía rápida”
El primer ministro, Ludovic Orban, ha dicho que las leyes de Justicia son necesarias para el correcto funcionamiento del sistema judicial. Con respecto al segundo proyecto impugnado por el PSD, el primer ministro ha dicho que era necesario derogar un acto normativo que afecta actualmente al transporte de categorías vulnerables de la población, entre los cuales se encuentran los niños que no tienen asegurado el transporte escolar.
