Roşia Montană –un problema de seguridad nacional
Más de un mes después de aprobada por el Gobierno, la ley sobre la explotación minera de Roşia Montană continúa provocando discusiones. Los opositores y los partidarios del proyecto esperan la decisión final. Mientras tanto, en el Parlamento la comisión e
România Internațional, 01.10.2013, 15:09
Este 1 de octubre se cumple un mes desde el inicio de las protestas de Bucarest y otras ciudades de Rumanía y del extranjero contra el proyecto de ley sobre la explotación de oro y plata de Roşia Montană. Controvertido y aplazado desde hace ya 15 años, el nuevo proyecto es considerado por sus opositores como una amenaza contra los vestigios históricos y el medio ambiente, a causa de los métodos de extracción con cianuro. En cambio, los partidarios del proyecto, ciudadanos de la zona en su mayoría, afirman que la mina crearía empleos y solucionaría los problemas económicos y sociales de la zona.
Por otro lado, desde hace ya más de dos semanas, las comisiones parlamentarias de especialidad analizan las declaraciones de todas las partes implicadas. El jefe del Servicio Rumano de Inteligencia, George Maior, ha afirmado ante la Comisión de control del SRI que Roşia Montană representa un problema de seguridad nacional, pero que no se puede pronunciar sobre la oportunidad de poner en marcha este proyecto:
Debido a la complejidad y el gran impacto económico, social, de medio ambiente y patrimonio, sin ignorar el impacto internacional, Roşia Montană representa, desde la perspectiva del SRI, un problema de seguridad nacional. El SRI ha enviado más de 500 informes a las autoridades a partir de enero de 1999 hasta septiembre 2013. El SRI ha concedido atención a las acciones que podrían influir en el acto de decisión, así como a las tentativas de varias estructuras extremistas eco-anarquistas de explotar o desviar las protestas legítimas.
Al mismo tiempo, la comisión parlamentaria creada para analizar el proyecto de explotación de Roşia Montană ha continuado la investigación. Dan Sova, ministro de proyectos de infraestructura e inversión extranjera, ha explicado que, a la hora de redactar la ley, el Gobierno deseaba que el Estado rumano lograra obtener mayores ventajas. El mandatario defiende que en ausencia de una norma legal al respecto, el inversor canadiense podría presentar una denuncia contra el Estado rumano en los tribunales internacionales y podría obtener el derecho de explotar el yacimiento de Roşia Montană en condiciones mucho menos favorables para nosotros:
Es posible que el inversor que no recibe el visto bueno de medio ambiente u otras autorizaciones se dirija a un tribunal arbitral, que puede ser el Tribunal de Viena o el Tribunal Arbitral de Washington, para obligar al Estado rumano que emita la autorización que falta para iniciar la explotación.
El ministro rumano de Justicia, Robert Cazanciuc, ha declarado que el ministerio ha aprobado el proyecto de ley, porque no infringe ninguna norma imperativa.
