Sentencia final en un importante caso de corrupción
El Tribunal Superior de Casación y Justicia de Rumanía ha dictado la sentencia definitiva en un expediente abierto desde hace más de 10 años.
Ştefan Stoica, 08.02.2019, 15:48
Radu Mazăre, el exalcalde de Constanza (el principal puerto marítimo de Rumanía), ha sido finalmente condenado por el Tribunal Superior de Casación y Justicia a 9 años de prisión en un caso relacionado con la restitución ilegal de terrenos en Constanza y la cercana localidad de Mamaia, en zonas de playa y acantilado. La investigación iniciada desde hace más de 10 años, ha revelado una red mafiosa que controlaba un amplio mecanismo de devoluciones y asignaciones ilegales de zonas urbanas, lo que ha causado al Estado daños por un valor de 114 millones de euros.
Casi 40 personas han sido acusadas: funcionarios del ayuntamiento, notarios, inquilinos, herederos y compradores de derechos de sucesión. Entre los acusados también figuran nombres conocidos, como Mazăre, el antiguo presidente socialdemócrata del Consejo local, Nicuşor Constantinescu, así como los exfinanciadores del club de fútbol Dinamo, Cristian Borcea y Dragoş Săvulescu.
Las acusaciones se refieren al abuso de poder contra intereses públicos, con la obtención de ventajas pecuniarias, con consecuencias particularmente graves en forma continuada, falsedad intelectual en forma continuada y en asociación con la comisión de delitos.
Todos irán a la cárcel, salvo Radu Mazare, que ha huido de Rumanía y se encuentra actualmente en Madagascar, el destino más exótico elegido por ex funcionarios, políticos y jefes de instituciones declarados culpables de corrupción. Borcea regresará a prisión después un breve periodo fuera de la cárcel. Fue puesto en libertad condicional en 2018 después de haber ejecutado parte de la condena recibida por otro expediente famoso, el de las transferencias ilegales de futbolistas.
Esta es la primera sentencia importante dada por el Tribunal Superior de Casación y Justicia después del bloqueo causado por la decisión del Tribunal Constitucional de declarar ilegal la composición de 5 jueces en los últimos 2 años.
Por lo tanto, el Tribunal Superior se vio obligado a suspender la pena de cárcel en el caso de personajes famosos como la exministra Elena Udrea y la exjefa de la Fiscalía Antimafia y Antiterrorista, Alina Bica, ambas solicitantes de asilo político en Costa Rica.
Pero ellas no son las únicas beneficiarias del bloqueo causado por el Tribunal. Un problema que, junto con las incertidumbres que rodean el cargo de fiscal jefe de la DNA, aún vacante tras la destitución de Laura Codruta Kovesi, y la situación del Fiscal General Augustin Lazar, sometido a un proceso de revocación, así como los controvertidos cambios legislativos hechos por el poder de izquierda, generan preocupaciones, internas y externas, sobre el funcionamiento de la justicia.
En todas las reuniones, que no han sido pocas, organizadas en el contexto de la presidencia rumana del Consejo de la UE, la primera ministra Viorica Dăncilă ha intentado calmar los temores y ha garantizado el cumplimiento del Estado de derecho. También lo ha hecho durante las ultimas conversaciones con el presidente del Consejo de la UE, Donald Tusk. Después de la reunión, el que había animado a los rumanos, hablando su idioma y defendiendo el Estado de derecho, ha colgado un mensaje en su cuenta de Twitter. «Tal vez sea anticuado», escribió Tusk, «pero sigo pensando que es responsabilidad de los jueces y no de los políticos decidir quién es culpable y quién no”.
(versión española Simona Sarbescu)
