Terremoto en la DNA
El Tribunal Constitucional ha decidido que el presidente de Rumanía debe emitir el decreto de destitución de la fiscal jefa de la Dirección Nacional Anticorrupción rumana.
Bogdan Matei, 31.05.2018, 14:55
Anticipada por unos, calificada de alucinante por otros, la decisión de este miércoles del Tribunal Constitucional es categórica: el presidente Klaus Iohannis debe destituir a la fiscal jefa de la Dirección Nacional Anticorrupción, Laura Codruţa Kövesi, como lo había pedido el ministro de Justicia, Tudorel Toader, desde febrero. Los jueces constitucionales han establecido que el jefe del Estado generó un conflicto con el Gobierno cuando rechazó destituir a la señora Kövesi. Sin disfrazar su satisfacción, Toader afirma que la solución dada por el Tribunal Constitucional rumano está basada en el principio constitucional según el cual los fiscales operan bajo la autoridad del ministro de Justicia. Además, sostiene que, contrariamente al ministro, el jefe del Estado no tiene ninguna capacidad legal para evaluar las competencias profesionales o gerenciales de los fiscales de alto nivel. A su vez, el presidente Iohannis se contentó en anunciar que está esperando las razones de la decisión del Tribunal, y que actuará en consecuencia. La coalición gubernamental PSD-ALDE, que siempre apoyó las medidas tomadas por el ministro para destituir a la jefa de la Dirección Nacional Anticorrupción rumana, recibió con satisfacción la decisión del Tribunal, que calificó de natural. Sin embargo, la oposición de derecha acusa la confiscación de las funciones del presidente y lo que llama la transformación del Tribunal Constitucional rumano, presidido por el expolítico socialdemócrata, Valer Dorneanu, abogado de los intereses privados de los oficiales del Gobierno.
Para la prensa, un capítulo de la lucha anticorrupción en Rumanía está a punto de cerrarse. Punta de la lanza de la lucha anticorrupción para unos, jefa de un sistema político abusivo para los demás, la señora Kövesi es a menudo calificada como la mujer más fuerte de Rumanía. Pero ella admitió la semana pasada en Nueva York, en un debate organizado en la sede de la ONU, que el mayor reto para Rumanía es conservar la independencia de los jueces y de los fiscales. Existían reiterados intentos para modificar la legislación anticorrupción para limitar los instrumentos legislativos usados por los fiscales anticorrupción o la despenalización de hechos. Han sido situaciones en las cuales se rechazó la suspensión de la inmunidad de los políticos acusados de delitos relacionados con la corrupción. Todo el sistema judicial se enfrentó a ataques a través de historias falsas o de declaraciones públicas con el fin de debilitar la confianza en la justicia, resumió la jefa de la Dirección Nacional Anticorrupción el ultimo año y medio, durante el cual el Gobierno fue acusado de intentar parar la lucha anticorrupción y subordinar a sus magistrados.
En Bucarest, el ministro de Justicia, Tudorel Toader, replicó que las absoluciones, los conflictos jurídicos de naturaleza constitucional, los expedientes en los cuales surgió la prescripción o los abusos no son historias falsas. Fuera de las polémicas quedan las estadísticas. Sólo en los últimos cinco años, la Dirección Nacional Anticorrupción ha presentado cargos contra 14 ministros y exministros, y 53 miembros del Parlamento. De ellos, ya han sido condenados definitivamente 27 dignatarios. En el mismo periodo, la dirección ordenó medidas cautelares que superaron los 2300 millones de dólares. La DNA, añaden los comentaristas, necesita continuar. Porque, en una democracia madura, las instituciones funcionan y trabajan independientemente del nombre de los jefes.
