Un juicio polémico
Espionaje, traición, interceptación telefónica, proyectos de decisiones gubernamentales con dedicatorias especiales, nada falta del contenido de un caso de corrupción solucionado, este martes, por la Justicia rumana.
Bogdan Matei, 04.12.2013, 16:43
Desde hace algunos meses en Rumanía la lucha contra la corrupción ha dejado de ser solo una retórica declarativa. Percibido, según indican las encuestas anteriores, como el político autóctono más corrupto, el ex primer ministro omnipotente, el socialdemócrata Adrian Năstase, ya ha cumplido la pena de cárcel que había recibido en un caso de corrupción.
Decenas de ex y actuales ministros, parlamentarios, prefectos y alcaldes, de izquierda, de derecha y de centro, están investigados, acusados o condenados por delitos de tráfico de influencias o cohecho. Este martes por vez primera dos personajes de estas categorías han sido condenados por traición. Ex ministros en el gabinete de coalición encabezado entre 2004 y 2008 por el liberal Călin Popescu Tăriceanu, el conservador Codruț Șereș, ex ministro de Economía, y el miembro de la UDMR, Zsolt Nagy, de Comunicaciones, han sido condenados por el Tribunal Superior de Casación y Justicia a seis y cinco años, respectivamente, de prisión en régimen cerrado en el caso de las privatizaciones estratégicas. Junto con ellos, han sido condenados algunos funcionarios gubernamentales, pero no tan importantes, dos asesores extranjeros, el búlgaro Stamen Stanchev y el ruso Vadim Benyatov, a 11 y 10 años de prisión, respectivamente, por delitos de espionaje.
Entre los protagonistas de esta película de espionaje internacional que parece más bien un cortometraje, dado que la red ha sido desmantelada rápidamente, también figuran otros extranjeros: un checo, un turco y un británico de origen rumano. Según los fiscales, en el periodo transcurrido entre mayo de 2005 y noviembre de 2006, los acusados formaron parte de un grupo criminal organizado de carácter transnacional. Habrían obtenido datos secretos sobre la privatización de algunas compañías estratégicas rumanas de sectores como la energía y las telecomunicaciones y se habrían beneficiado de ventajas financieras. Sus actividades ilegales se vinculan a la privatización de Electrica Muntenia Sud, Romaero, Aviones Craiova, la Sociedad Nacional de Radiocomunicaciones y Poșta Română (la compañía de correos), la venta de un paquete de acciones de Petrom, así como la subasta organizada para nombrar al asesor internacional encargado de sacar a bolsa el paquete del 46% de las acciones que el Estado rumano tenía en Romtelecom. El protagonista de las escenas más espectaculares es el ex ministro Șereș. Las escuchas telefónicas realizadas por los servicios de inteligencia revelan compromisos secretos en las privatizaciones de algunas compañías del sector energético. El titular de Economía le había prometido al asesor Stanchev incluso la aprobación de un proyecto de decreto del Gobierno que iba a facilitar la venta a esta red de un paquete de acciones de Petrom. Las sentencias todavía no tienen carácter definitivo y se pueden recurrir ante el Tribunal Superior de Casación y Justicia. Sin embargo, según los analistas especializados, es muy poco probable que el recurso logre cambiar la decisión del tribunal y que los culpables reciban penas menos duras.
Traducción: Simona Sârbescu
