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Newsroom, 04.06.2026, 13:30

COMISIÓN EUROPEA – La Comisión Europea recomienda a Rumanía que continúe con las políticas de reducción del déficit y aumente la recaudación fiscal, pero también que reduzca el gasto público.

El ejecutivo comunitario ha publicado las recomendaciones para los Estados miembros en un informe en el que valora los esfuerzos realizados por Rumanía durante el último año. Sin embargo, la Comisión advierte de que, a falta de una consolidación fiscal adicional y firme, complementada con políticas prudentes en materia de ingresos y reformas estructurales eficaces, Rumanía sigue expuesta al aumento de los tipos de interés y a los cambios en la confianza de los inversores.

Según esta institución, la situación fiscal de Rumanía sigue siendo frágil y está marcada por la incertidumbre, en parte debido al contexto político actual. Rumanía se enfrenta a una grave escasez de mano de obra. La tasa de participación se sitúa casi 10 puntos porcentuales por debajo de la media europea. Al mismo tiempo, se menciona explícitamente a Rumanía entre los Estados en los que el acceso a la sanidad y a los cuidados de larga duración es insuficiente, en un contexto en el que el gasto público en sanidad se sitúa en torno al 6% del PIB, frente a la media de la Unión del 8%.

OCDE – La ministra de Asuntos Exteriores en funciones, Oana Țoiu, destacó el miércoles, en la reunión del Consejo Ministerial de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos celebrada en París, la importancia que Rumanía concede al proceso de adhesión a la OCDE: «un objetivo nacional fundamental que nos permitirá formar parte del club de las economías desarrolladas».

Las últimas previsiones de la Organización, publicadas también el miércoles, indican que Rumanía necesita una consolidación fiscal sostenida a partir de 2026 para estabilizar la deuda pública y reducir los desequilibrios externos. A

l mismo tiempo, la OCDE prevé que la economía de Rumanía se contraerá un 0,1% en 2026 y subraya que una mayor eficiencia en el gasto público, una recaudación fiscal más sólida y una base impositiva más amplia contribuirían a mejorar la situación fiscal del país.

ABSORCIÓN FONDOS – El grado de absorción de los fondos del PNRR en Rumanía supera en estos momentos el 60%, y el viernes el Consejo ECOFIN, formado por los ministros de Economía y Finanzas de los países miembros de la Unión Europea, podría dar el visto bueno a la solicitud de pago número 4, anunció el ministro interino de Inversiones y Proyectos Europeos del Gobierno rumano, Dragoş Pîslaru.

El ministro afirma que, en los próximos días, entrarán en el país 3000 millones de euros, y que Rumanía está a punto de concluir las negociaciones con la Comisión Europea para la última modificación del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia. Dragoş Pîslaru comenta además que el objetivo principal es garantizar íntegramente los fondos europeos no reembolsables, destinando la financiación a proyectos que se encuentren en una fase avanzada de ejecución.

LEY SALARIOS – En Rumanía, el Bloque Sindical Nacional exige la retirada inmediata del proyecto de ley sobre la remuneración en el sector público, del que afirma que es una reforma elaborada de forma poco transparente, sin datos reales y contraria a los principios de equidad.

La confederación sindical representativa a nivel nacional afirma en un comunicado que, en su forma actual, el proyecto no constituye una reforma, sino una reproducción de los desequilibrios existentes, con el riesgo de acentuarlos y generar nuevas desigualdades estructurales en todo el sector público.

El Bloque Sindical Nacional solicita al Gobierno, entre otras cosas, que emita disposiciones firmes que obliguen a las instituciones públicas centrales y locales a comunicar de forma transparente al Ministerio de Trabajo los puestos de trabajo de todo el personal presupuestario, así como los salarios que se pagan y su estructura completa.

El jueves se produjeron nuevas protestas contra el proyecto de ley de remuneración de los funcionarios en Rumanía, esta vez ante el Ministerio de Finanzas, la ANAF (Hacienda) y el Ministerio de Justicia. El acto normativo debería ser aprobado por el Parlamento antes de que finalice el mes de agosto, para no perder un tramo de financiación del PNRR por valor de aproximadamente 700 millones de euros.