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El Gobierno de Bucarest ha aprobado los protocolos de adhesión a la OTAN de Finlandia y Suecia, firmados en Bruselas el pasado 5 de julio.
Valeriu Radulian, 13.07.2022, 19:35
El Gobierno de Bucarest ha aprobado los protocolos de adhesión a la OTAN de Finlandia y Suecia, firmados en Bruselas el pasado 5 de julio.
La adhesión de estos dos países, firmemente anclados en los valores de la comunidad euroatlántica y con una considerable capacidad para reforzar la Alianza, supondrá un valioso beneficio estratégico para la OTAN e, implícitamente, para Rumanía, a través de las garantías de seguridad que ofrecen, se menciona en un comunicado de prensa. El Presidente de la Cámara de Diputados, Marcel Ciolacu, anunció la semana pasada que el Parlamento de Rumanía cumpliría «rápidamente» con el proceso de ratificación. Para ello, se convocó una sesión extraordinaria del Legislativo. Ciolacu también dijo que la guerra «ilegal» e «injustificada» desatada por la Federación Rusa contra Ucrania cambió fundamentalmente los parámetros de seguridad.
Un acuerdo de cooperación entre la Fiscalía Europea y la Fiscalía General de la República de Moldavia fue firmado el miércoles en Chisinau por los responsables de ambas instituciones, Laura Codruța Kövesi y Dumitru Robu, respectivamente.
El documento pretende facilitar el intercambio de información y la cooperación judicial en materia penal. Dumitru Robu dijo que una de las prioridades es la investigación de los casos de corrupción y malversación. Por su parte, Laura Codruța Kövesi ha dicho que la Fiscalía Europea, dentro de los límites de su competencia, apoyará el trabajo de la Fiscalía de Moldavia.
La Inspección General de la Policía de Fronteras informa que el martes entraron en Rumanía a través de los pasos fronterizos 91.838 personas, entre ellas 9.808 ciudadanos ucranianos (un 10% menos que el día anterior).
Desde el 10 de febrero de 2022, dos semanas antes de que el ejército ruso invadiera su país, hasta el martes a medianoche, entraron en Rumanía 1.543.493 ciudadanos ucranianos.
El Tribunal Constitucional de Rumanía ha rechazado hoy por unanimidad la petición de la oposición representada por la Unión Salvad Rumanía sobre la ley de protección de los denunciantes de interés público.
La USR remitió la Ley al Tribunal por considerar que «la forma impuesta por la coalición de gobierno integrada por el Partido Social Demócrata, el Partido Nacional Liberal y la Unión Demócrata de los Húngaros de Rumanía debilita considerablemente la protección de las personas que quieren revelar irregularidades en las instituciones públicas». También se alega que el documento plantea considerables obstáculos para obtener fondos del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia. La demanda plantea cuatro argumentos de inconstitucionalidad, entre ellos la violación de las obligaciones contraídas en el momento de la adhesión a la Unión Europea y la falta de claridad y previsibilidad de algunas disposiciones.
En Rumanía, el descenso en la producción y suministro de electricidad y calefacción, gas, agua caliente y aire acondicionado, así como en la industria de la minería y las canteras, han provocado una caída de la producción industrial del 0,8% en los cinco primeros meses de este año en comparación con el mismo periodo de 2021, según los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INS). Las estadísticas oficiales también revelan que, entre el 1 de enero y el 31 de mayo, la producción y el suministro de electricidad y de calefacción, gas, agua caliente y aire acondicionado cayeron un 6,1% en comparación con los cinco primeros meses del año anterior, mientras que la explotación de minas y canteras descendió un 4,4%.
