A debate la legislación sobre el abuso de poder
En Bucarest continúa la telenovela de las disputas político-jurídicas sobre la definición y la importancia del delito de corrupción.
Bogdan Matei, 13.06.2017, 15:44
El Ministerio rumano de Justicia ha anunciado que establecerá una cantidad de dinero que ha calificado de ”razonable” a partir de la cual el abuso de poder sea considerado delito. El ministro de Justicia Tudorel Toader ha hecho este anuncio después de que los jueces del Tribunal Constituiconal decidieran que era de incumbencia del Parlamento establecer una cantidad mínima del perjuicio causado por tales hechos.
Ha sido esta la respuesta del Tribunal Constitucional al recurso de inconstitucionalidad presentado por Bombonica Prodana, exmujer del actual presidente del Partido Social Demócrata ( PSD) y presidente de la Cámara de Diputados, Liviu Dragnea. Contra Bombonica Prodana, la Fiscalía ha abierto un expediente penal por crear empleos ficticios en la Dirección de Asistencia Social de la provincia de Teloerman, institución que dirigía cuando su marido era presidente del Consejo Provincial. La exseñora Dragnea invocó la inconstitucionalidad del artículo del Código Penal que hace referencia al abuso de poder.
Los fiscales anticorrupción acusan al mismo Dragnea de instigación al delito de abuso de poder y falsedad documental siendo él quien habría determinado a los responsables de la Dirección de Asistencia Social a cometer el delito de emplear de manera ficticia a dos personas miembros de la organización provincial del PSD que cobraron sueldos del dinero público aunque prestaban servicios solamente al partido. El ministro Toader explica:
”Esperemos primero la decisión del Tribunal, su motivación integral, no solamente el comunicado, después de lo cual organizaremos debates con los profesionales del Derecho, con la sociedad civil para ver qué cantidad representaría el valor límite razonable para que este hecho pueda ser considerado delito. Hacemos esto para concordar las previsiones del Código Penal con la decisión del Tribunal Constitucional.”
La presidenta del Tribunal Supremo, Cristina Tarcea, considera que esa cantidad mínima debería quedar a la apreciación de los jueces que tendrán en cuenta el grado de peligro social del hecho:
”Creo que es prematuro hablar ahora de la entidad suficiente para que el hecho sea reprochable penalmente. Si el Tribunal Constitucional ha pensado en un grado reducido del peligro social del hecho, claro que se trataría de una cantidad relativamente pequeña. Si se ha referido a otro aspecto, la cantidad de dinero será diferente en función de lo que quiso decir el Tribunal Constitucional.”
No obstante el Ministerio Público rechaza rotundamente la introducción de un límite de valor para que un hecho de este tipo sea considerado delito. El fiscal general, Augustin Lazăr, ha puntualizado que no renuncia a su opinión, que ha expresado públicamente reiteradas veces.
Este asunto centra la atención de la opinión pública rumana por las sospechas de que el poder desearía amansar la campaña anticorrupción que puso en el banquillo a numerosos políticos que parecían intocables. Al principio del año corriente, el intento del ministro de Justicia, Florin Iordache, de cambiar el Código Penal con un decreto ley sacó a la calle a miles de personas en la más amplia protesta poscomunista. Finalmente, el Gobierno renunció a aquel decreto ley e Iordache a su cargo de ministro.
