Anticorrupción e independencia de la justicia
La situación del sistema judicial y la lucha contra la corrupción en Rumanía han sido temas debatidos en Nueva York y Bruselas.
Bogdan Matei, 24.05.2018, 15:00
La fiscal jefa de la Dirección Nacional Anticorrupción rumana, Laura Codruţa Kovesi, es a menudo calificada como la mujer más fuerte de Rumanía, tanto por sus admiradores incondicionales como por sus enemigos jurados. Los primeros ven en ella la punta de la lanza de la lucha anticorrupción y una diosa de la venganza contra los políticos que se vuelven ricos aprovechándose del presupuesto público. Los demás la pintan como la jefa de una máquina represiva, que se siente libre de violar las leyes y no tener en cuenta los derechos humanos para elaborar acusaciones controladas políticamente. Kovesi, personaje controvertido en Bucarest, fue invitada a Nueva York, a un debate con ocasión del décimo quinto aniversario de la adopción de la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción. En su discurso en la sede de la ONU, afirmó que el mayor reto para Rumanía es conservar la independencia de los jueces y de los fiscales.
”Existían reiterados intentos para modificar la legislación anticorrupción para limitar los instrumentos legislativos usados por los fiscales anticorrupción o la despenalización de hechos. Han sido situaciones en las cuales se rechazó la suspensión de la inmunidad de los políticos acusados de delitos relacionados con la corrupción. Todo el sistema judicial se enfrentó a ataques a través de historias falsas o de declaraciones públicas con el fin de debilitar la confianza en la justicia.”
Así fue como resumió la jefa de la Dirección Nacional Anticorrupción la reseña del ultimo año y medio, durante el cual la coalición gubernamental PSD-ALDE fue acusada por intentar parar la lucha anticorrupción y subordinar a sus magistrados. Kovesi añadió que en los últimos cinco años, la Dirección Nacional Anticorrupción ha presentado cargos contra 14 ministros y exministros, y 53 miembros del Parlamento. De ellos, han sido condenados definitivamente 27 dignatarios. En el mismo periodo, la dirección ordenó medidas cautelares que superaron los 2 300 millones de dólares.
En Bucarest, el ministro de la Justicia, Tudorel Toader, replicó que las absoluciones, los conflictos jurídicos de naturaleza constitucional, los expedientes en los cuales surgió la prescripción o los abusos no son historias falsas. El ministro, que ya pidió sin éxito al presidente Klaus Iohannis que destituyera a Kovesi, preguntó, retóricamente, si los principios del Estado de derecho permiten, para casos bien resueltos, que sean tolerados lo que él llamó las numerosas absoluciones. Esto hace referencia al los expedientes preparados por la DNA contra el antiguo primer ministro socialdemócrata Victor Ponta y su ministro Dan Şova, el presidente liberal demócrata del Senado, Călin Popescu-Tăriceanu, o el antiguo senador y juez constitucional Toni Greblă, todos absueltos en los tribunales en las últimas semanas. Con éxitos abrumadores o fracasos devastadores, es necesario, sin embargo, que la lucha anticorrupción continúe, afirma la prensa en Bucarest. También lo prueba el informe reciente elaborado para Rumanía por la Comisión Europea. Aunque con un contenido esencialmente económico, el informe apunta que las evoluciones del año pasado pusieron mayoritariamente en duda la irreversibilidad del progreso en cuanto a la reforma del sistema judicial en Rumanía y la lucha contra la corrupción de alto nivel, plaga que amenaza al mundo empresarial.
