Continúan las polémicas sobre las leyes de la Justicia
El Parlamento de Rumanía ha empezado la votación de las leyes de la Justicia, motivo de disputa entre el poder y la oposición. Ha habido réplicas duras entre los electos del PSD y de la Unión Salvad Rumanía (en la oposición).
Mihai Pelin, 07.12.2017, 15:50
Las polémicas leyes de la Justicia promovidas por la coalición de izquierda en el poder y duramente criticadas por la sociedad civil y los jefes de las principales instituciones judiciales de Rumanía han entrado en la recta final en el Parlamento. La Cámara de los Diputados ha debatido de una manera especial la ley sobre el estatuto de los jueces y fiscales. La reunión ha empezado con un minuto de silencio en memoria del último rey de Rumanía, Miguel, que falleció el martes pasado en Suiza. Luego empezaron las tensiones entre el poder y la oposición y los parlamentarios terminaron por insultarse recíprocamente. El debate se transformó en un verdadero espectáculo de circo que culminó con una protesta espontánea inédita de la USR que prácticamente tomó por asalto la tribuna de la sala de pleno con pancartas improvisadas con el mensaje “Ladrones”. Los parlamentarios de la USR y el PNL declaran que el PSD desea subordinar todas las instituciones del Estado rumano. Ellos están descontentos también con la rapidez con la cual tienen lugar los debates y han anunciado que informarán al Tribunal Constitucional.
Catalin Predoiu, diputado del PNL:
“Nadie quiere asumir este proyecto. Tampoco lo hicieron el ministro de Justicia o la Comisión de Iordache. Ccada día que pasa, las cosas empeoran.”
Sin embargo, la mayoría parlamentaria integrada por el PSD y la ALDE señala que el proyecto fue debatido públicamente y las modificaciones aplicadas son el resultado de las consultas con las asociaciones profesionales del campo.
Alina Tanasescu, diputada del PSD:
“Les recuerdo que en el año 2005 las leyes de la Justicia fueron aprobadas mediante responsabilidad del Gobierno. Ninguno de los parlamentarios pudo presentar enmiendas.”
La única enmienda que modifica el informe propuesto por la comisión es la que obliga al Estado a intentar recuperar el perjuicio contra un fiscal o juez que cometió un error judicial. El documento también prevé que el jefe del Estado ya no puede modificar las nominaciones para los cargos directivos en el Alto Tribunal de Casación y Justicia, en cambio mantiene sus atribuciones en el procedimiento de nombramiento del fiscal general y de los jefes de la DNA y DIICOT. A la vez, los magistrados dejarán de ser suspendidos del cargo automáticamente a la hora de ser enviados a juicio. Los debates tensos del Parlamento fueron seguidos por protestas en la calle junto a la sede del Legislativo. Los manifestantes rechazan las modificaciones de la ley sobre el estatuto de los magistrados propuestas por el poder de izquierda.
