Corrupción y recuperación
Junto a la ofensiva contra la corrupción en la justicia, las autoridades de Bucarest han tomado medidas para recuperar los daños y confiscar los bienes ilegales.
Roxana Vasile, 29.11.2016, 14:32
Este lunes, un senador y un diputado han centrado la atención de los medios de comunicación. El exsecretario general del Partido Demócrata Liberal, y posteriormente copresidente de los liberales, el senador Vasile Blaga, ha sido procesado por tráfico de influencias. Según los fiscales anticorrupción, en 2011 y 2012 Vasile Blaga habría recibido, en cuatro ocasiones, por parte de una sociedad comercial, nada menos que 700.000 euros para que interviniera en las decisiones tomadas por gerentes de dos compañías nacionales. También este lunes, los diputados de Bucarest tenían que decidir si le levantaban o no la inmunidad parlamentaria a su compañero Eugen Bejinariu, para que la Dirección Nacional Anticorrupción pudiera iniciar el proceso penal contra él. Antiguo secretario general en 2003 y 2004 en un Gobierno socialdemócrata, el actual diputado está siendo investigado por abuso de poderes de forma continuada en el caso Microsoft 2. Se trata de la reducción de casi un 50% que Microsoft ofreció para las licencias de tecnología de la información utilizadas en las escuelas, una suma que posteriormente habría sido utilizada de manera ilegal. Los perjuicios superan los 67 millones de dólares en este caso, donde también están siendo investigados algunos exministros y 2 exdirectores de Microsoft Rumanía. Los compañeros del PSD han pedido la dimisión de Eugen Bejinariu. Si el parlamentario no lo hace, le retirarán el apoyo político, ya que lo último que necesitan en vísperas de las elecciones del 11 de diciembre es colgarse esta piedra de molino.
Por su parte, el diputado ha rechazado la solicitud y se ha declarado inocente dejando la decisión final en manos de sus compañeros de la Cámara. Pero este lunes, la solicitud presentada por la DNA no se ha debatido por falta de cuórum. Por lo tanto, la próxima semana los diputados intentarán tomar una decisión en el expediente enviado por los fiscales anticorrupción. Así, la Justicia continuará su ofensiva contra la corrupción de alto nivel y además puede felicitarse por los resultados espectaculares obtenidos en los últimos años. Aún así, en muchas ocasiones los analistas políticos y la sociedad civil han criticado el escaso nivel de recuperación de los daños y de confiscación de bienes ilegales. Muchos creen que la confiscación de bienes ilegales puede desanimar la corrupción y que lo puede hacer mucho más que una sentencia de pena de cárcel. Según la ministra de Justicia, Raluca Prună, hasta finales del pasado mes de octubre, el Estado confiscó bienes valorados en unos 4 millones de euros. El dinero será asignado a algunos Ministerios y ONG: un 20% para Sanidad y un 20% para Educación. Un 15% estará destinado al Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Justicia y el Ministerio del Interior. También recibirán un 15% las ONG. A partir del próximo año, el dinero procedente de las confiscaciones se utilizará para proyectos sociales. Lo que queremos como sociedad es recuperar el dinero robado, ha dicho Raluca Prună.
(traducido por S.Sarbescu)
