Desacuerdo sobre el certificado verde
Es cada vez más improbable que en Rumanía el certificado verde COVID sea obligatorio en el trabajo. Sigue un material firmado por Bogdan Matei.
Bogdan Matei, 24.12.2021, 11:03
Ya introducida en algunos países, incluida la Unión Europea, la obligatoriedad en el trabajo del llamado certificado verde COVID ha provocado vehementes disputas políticas en Rumanía. Los medios de comunicación de Bucarest afirman que cada vez hay menos posibilidades de que aparezca una nueva ley del certificado a finales de año y algunas incluso menores de que se convierta en obligatorio en el trabajo. Los líderes de la coalición gubernamental integrada por el PSD-PNL-UDMR tuvieron una reunión también el jueves sobre este tema, pero sin ningún resultado. Las discusiones se reanudarán la próxima semana después de Navidad. Según algunas fuentes políticas, la idea de eliminar la obligación del certificado verde en el trabajo pertenecería al presidente Klaus Iohannis. Los líderes de la coalición, el liberal Florin Cîţu y el socialdemócrata Marcel Ciolacu, hablan ahora del riesgo de que se declare inconstitucional una ley que condiciona la realización de la profesión del certificado.
Por otro lado, la USR afirma, en cambio, que sin un certificado obligatorio en el trabajo, una ley sobre este tema carece de contenido. En una carta abierta al presidente Iohannis, los exministros de Sanidad de la USR, Ioana Mihail y Vlad Voiculescu, dicen que este instrumento es vital para combatir las infecciones y apoyar la campaña de vacunación. Las dudas de los políticos se producen después de que un centenar de personas que protestaban contra la posible introducción del certificado verde COVID en el trabajo entraran en el patio del Parlamento de Bucarest el martes pasado. La manifestación, cuya organización aún no ha sido asumida, ha sido intensamente popularizada en vísperas por la AUR (la oposición nacionalista) y reunió, según las autoridades, a unas 1.500 personas, que perturbaron el tráfico en la zona. Numerosos grupos anti-vacunación, muy visibles y vocales en el espacio público, se sumaron a los parlamentarios de la AUR que acusaron la violación de algunos derechos fundamentales.
El ministro del Interior, el liberal Lucian Bode, ha afirmado que no hubo ningún riesgo de que los manifestantes ingresaran al edificio del Parlamento, custodiado por 300 gendarmes, a quienes ordenó que no intervinieran por la fuerza. Bode también ha precisado que los parlamentarios de la AUR introdujeron en sus coches, en el patio, a varias personas y luego instaron a quienes protestaban afuera a ingresar también.
Desde el brote de la pandemia, se han registrado más de 1,8 millones de casos de COVID-19 en Rumanía y han muerto casi 60.000 personas diagnosticadas con el nuevo coronavirus. En otras palabras, señalan los expertos, Rumanía ha perdido, en menos de dos años, la población de una ciudad promedio. En el contexto de la psicosis anti vacunación mantenida por una parte de los medios de comunicación, políticos y otras figuras públicas, el país tiene la segunda tasa de inmunización más baja de los 27 miembros de la Unión Europea, después de Bulgaria.
