El abuso de poder, límites y principios
El Tribunal Constitucional ha rechazado el recurso de inconstitucionalidad sobre la falta de un límite para los daños causados por el abuso de poder presentada por la exesposa del líder del Partido Social Demócrata (PSD) Liviu Dragnea.
Mihai Pelin, 07.06.2017, 16:21
El Tribunal Constitucional de Rumanía ha rechazado el recurso formulado por Bombonica Prodana, exesposa del líder del PSD, Liviu Dragnea, referente a un artículo del Código Penal que reglamenta el abuso de poder. El recurso fue presentado en el expediente en el que está acusada junto con su exesposo y antiguos empleados de la Dirección de Asistencia Social del distrito de Teleorman (en el sur del país). Los jueces del Tribunal han decidido que el Parlamento debe reglamentar el valor y la gravedad del daño resultante tras cometer el abuso de poder. El pasado mes de marzo, Bombonica Prodana presentó este recurso de inconstitucionalidad y su abogado precisó que el Tribunal debía encargarse de este caso porque el daño no supera los 50.000 euros.
Bombonica Prodana está acusada por abuso de poder. En el mismo expediente, Liviu Dragnea está siendo investigado por incitar a cometer abuso de poder y falsedad intelectual. En aquel período, Bombonica Prodana trabajaba en la Dirección para la Protección del Niño de Teleorman, institución subordinada al Consejo Distrital de Teleorman dirigido por Liviu Dragnea. Los investigadores sostienen que este último determinó a varios empleados de la Dirección de Asistencia Social a contratar de manera ficticia a dos personas, miembros de la organización del PSD Teleorman. Estas personas fueron pagadas con dinero público aunque trabajaran sólo para el partido. En caso de una condena en este nuevo proceso, Dragnea también corre el riesgo de que se ejecute la pena de dos años de libertad condicional recibida el año pasado en el expediente denominado “Referéndum”, cosa que le sacaría definitivamente del escenario político que, después de las elecciones parlamentarias de diciembre de 2016, domina rotundamente. En este expediente más antiguo, Dragnea fue condenado porque en 2012, antes y durante el referéndum para la destitución de Traian Băsescu del cargo de presidente de Rumanía, creó en su calidad de secretario general del PSD, un sistema con el objetivo de modificar el resultado de la votación, para que se alcanzara el cuórum necesario para la destitución. En el presente, decenas de alcaldes y jefes de consejos distritales tienen problemas con la ley siendo condenados o investigados por la Dirección Nacional Anticorrupción por abuso de poder. A comienzos del año, el Gobierno intentó resolver este asunto. El renombrado decreto ley 13 que modifica los códigos penales, aprobado a finales del pasado mes de enero y posteriormente derogado, despenalizaba algunos delitos de abuso de poder y de corrupción si provocaban un perjuicio no superior a 200.000 lei (44.000 euros). Centenares de miles de personas salieron a la calle en aquel entonces para protestar contra la medida. Fue la protesta más amplia tras la caída del régimen comunista de diciembre de 1989.
