El caso “Minerada 1990” en los tribunales
Este martes, en el Tribunal Superior de Casación y Justicia de Bucarest, ha empezado el proceso de la “Minerada 1990, en el cual están acusados un expresidente y un ex primer ministro.
Florentin Căpitănescu, 20.02.2018, 15:00
Después de 28 años, el caso de los mineros de junio de 1990, tal vez el episodio más duro de la era postcomunista de Rumanía, ha llegado finalmente a los tribunales. Los más importantes dignatarios de entonces, a saber el presidente Ion Iliescu, el jefe del Gobierno, Petre Roman, el vice primer ministro, Gelu Voican Voiculescu, y el director del Servicio Rumano de Inteligencia, Virgil Magureanu, están acusados de delitos contra la humanidad. Los fiscales militares han declarado que las autoridades del Estado tramaron un ataque violento contra los manifestantes presentes en la Plaza de la Universidad de Bucarest, donde expresaban de manera pacífica sus opiniones, totalmente opuestas a las del poder de izquierda legitimado después de las elecciones del mes de mayo del año 1990.
Tras la evacuación brutal de los manifestantes el 13 de junio, siguieron dos días en los cuales el orden fue reinstaurado con ayuda de los palos de los mineros llegados a Bucarest, porque según afirmaba el presidente Iliescu, la democracia corría peligro.
Los fiscales acusan que al lado de los mineros se habrían implicado, ilegalmente, fuerzas del Ministerio del Interior, del Ministerio de Defensa Nacional y del Servicio Rumano de Inteligencia, así como obreros de varias zonas del país. El resultado estuvo a la altura de la envergadura de la intervención: cuatro personas murieron por disparos, alrededor de 1400 resultaron heridas y unas 1250 se vieron privadas del derecho fundamental a la libertad. Además, la Universidad fue profanada y las sedes de los partidos de oposición y de los diarios independientes fueron devastadas. De hecho, el mensaje transmitido por el presidente Iliescu a los mineros con mucha satisfacción, el 15 de junio, refleja de manera elocuente el modo en que gestionaron entonces las autoridades la situación:
“Les agradezco nuevamente a todos por lo que habéis logrado demostrar estos días. Sois una fuerza muy poderosa con una alta disciplina cívica y obrera, hombres de confianza en momentos difíciles”.
Para muchos, la reapertura del caso en el verano pasado, ocho años después de quedar cerrado, representa el resultado de las presiones ejercidas contra Rumanía por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Percibida desde el exterior, la intervención de los mineros los días 13-15 de junio de 1990 provocó un gran deservicio a Rumanía porque no hizo más que disipar todo el capital de simpatía acumulado tras la separación violenta del comunismo en diciembre de 1989. Las imágenes, de un salvajismo fuera de lo común con las agresiones de los mineros, dieron la vuelta al mundo. Por otra parte, el atraso demasiado largo del proceso, igual que en el expediente de la Revolución de diciembre de 1989, demuestra que la reconciliación de los rumanos con el propio pasado todavía queda lejos.
