El Constitucional y las pensiones especiales
El Tribunal Constitucional de Rumanía ha anulado la ley que prevé la tributación de las llamadas pensiones especiales.
Ştefan Stoica, 16.12.2020, 13:26
Como sugiere el nombre, las pensiones especiales se establecen mediante leyes especiales. Inicialmente, fueron previstas para los magistrados y el personal de las fuerzas de seguridad del Estado. Posteriormente, los legisladores decidieron que había otros empleados elegibles para recibir tales asignaciones y los beneficiarios pasaron a ser los propios parlamentarios, diplomáticos o personal aeronáutico. A diferencia de la mayoría de las pensiones, las pensiones especiales no se rigen por el principio contributivo, o no solo por este principio. El dinero para su pago también proviene del presupuesto del seguro social estatal y del presupuesto estatal. Este detalle, así como la cuantía muchas veces exagerada, a nivel de miles de euros, de algunos de ellos, hacen de las pensiones especiales, más precisamente de sus beneficiarios, el blanco de las críticas. Las pensiones de la gente común y corriente se calculan exclusivamente en base a la cotización durante su vida laboral y son relativamente pequeñas, con un promedio de 300 euros. Los políticos escucharon la voz de la sociedad y, en el verano de este año electoral, impulsaron una ley que preveía la tributación del 85% de las pensiones especiales que superan la cantidad de 7.000 lei (1400 euros), entre magistrados, militares y policías. Prácticamente, por esta ley, las pensiones especiales no eran abolidas, sino multadas cuantitativamente. Sin embargo, el Tribunal Constitucional ha dictaminado que esta ley es inconstitucional en su conjunto. El acto normativo adoptado por el Parlamento en junio había sido impugnado ante el Constitucional por el Defensor del Pueblo y por el Tribunal Superior de Casación y Justicia, porque la ley violaría, a través del nuevo sistema de tributación de las pensiones de servicio, el principio de equidad fiscal.
El Tribunal Superior y el Defensor del Pueblo consideran que las pensiones establecidas por leyes especiales y que se encuentran amparadas por el acto normativo reclamado están sujetas a doble imposición, contrario al principio de no discriminación y al arreglo justo y equitativo de la carga tributaria. También violaría la independencia de los magistrados y el principio de claridad y previsibilidad de la ley.
El Tribunal Constitucional, que ha pospuesto reiteradamente una decisión al respecto, aún no la ha motivado. Muchas de las sentencias del Constitucional han alimentado la especulación de que este organismo esté favoreciendo a determinados grupos políticos, de izquierda. En el caso de las pensiones especiales, existe una cuestión ética adicional para el Constitucional, que es denunciada por todos: los jueces de este tribunal son ellos mismos beneficiarios de dichas pensiones.
La historia de esta ley contiene un episodio relevante. En la última sesión plenaria de la Cámara de los Diputados de esta legislatura, los parlamentarios de la Unión Salvar Rumanía (USR) han renunciado en bloque, para no beneficiarse de una pensión especial. Seis representantes del Partido Social Demócrata (PSD) han hecho lo mismo, entre ellos el presidente del partido, Marcel Ciolacu. Si el gesto de la URS es creíble, porque el partido ha hecho constantemente campaña a favor de renunciar a las pensiones especiales, el de los socialdemócratas, campeones de actos normativos favorables a los parlamentarios, ha sido calificado por sus opositores de populista y electoralista.
