El Estado de derecho y las leyes de la justicia
En Bruselas ha sido publicado el primer informe de la Comisión Europea sobre el Estado de derecho en la Unión Europea.
Corina Cristea, 01.10.2020, 13:33
Varias enmiendas a las leyes de la justicia de 2018 y 2019 siguen causando preocupación respecto a su impacto sobre la independencia del sistema judicial, según muestra el capítulo sobre Rumanía del primer informe sobre el Estado de derecho en la UE publicado por la Comisión Europea. El documento evalúa cuatro temas principales extremadamente importantes para la forma en que se respeta el Estado de derecho: los sistemas nacionales de justicia, los marcos anticorrupción, el pluralismo y la libertad de los medios de comunicación, así como otros aspectos institucionales relacionados con los sistemas de control y equilibrio. En abril del año pasado, una serie de enmiendas al Código Penal, al Código de Procedimiento Penal y la ley especial sobre la corrupción fueron aprobados por el Parlamento rumano en el procedimiento de urgencia, pero fueron ampliamente criticadas, y finalmente fueron declaradas inconstitucionales en julio de 2019. Todavía ha quedado pendiente el deber de adaptar los Códigos a las decisiones del Tribunal Constitucional. Por lo tanto, la incertidumbre legal y el riesgo que hay respecto a la sostenibilidad de la lucha contra la corrupción existen todavía, según muestra el documento. En el informe se menciona que Rumanía tiene un marco estratégico nacional anticorrupción basado en una larga participación de unos actores institucionales, asegurando la implicación voluntaria de gran parte de la administración pública, de las compañías públicas, de los organismos de aplicación de la ley, de las fiscalías, de los tribunales y de la sociedad civil.
Aunque la Constitución prevé que la aprobación de las ordenanzas de urgencia es posible sólo en casos excepcionales o de urgencia, los sucesivos gobiernos han usado esta herramienta para legislar en numerosos sectores, y han causado preocupación respecto a la calidad de la manera en que se aplica la ley y de la manera en que se respeta la separación de poderes, según se destaca en el informe. En el mismo documento también se menciona que la sociedad civil ha tenido un papel importante en la defensa del Estado de derecho. Al mismo tiempo, ha aumentado el nivel de implementación de la estrategia nacional anticorrupción y las acciones preventivas continúan tanto a nivel local, como nacional.
En el documento se menciona que, actualmente, el Ministerio de Justicia evalúa la estrategia para crear la siguiente. Justamente el día en que en Bruselas se ha publicado el informe de la Comisión Europea, en Bucarest, el Ministerio de Justicia ha lanzado un debate público respecto a las propuestas para modificar las leyes de la justicia. El anuncio ha sido hecho por el ministro Cătălin Predoiu, quien ha precisado que las modificaciones que ha mencionado aseguran la incorporación en la legislación de las recomendaciones de los organismos europeos:
“Reforzar el papel del Consejo Superior de la Magistratura en la organización y el desarrollo de los concursos y los exámenes a través del Instituto Nacional de la Magistratura, profesionalizar el proceso de selección de los magistrados eliminando cualquier manera de entrar en la magistratura sin concurso. Asimismo, hemos previsto eliminar el esquema de jubilación anticipada de los magistrados. Fortalecer el principio de la independencia de los fiscales en la actividad judicial, volver a las normas que permitían el acceso al cargo de juez en el Tribunal Superior mediante concurso. Cerrar el Departamento para la Investigación de los Delitos en la Justicia.”
Desde el principio, su implementación ha causado preocupación respecto a las presiones sobre los jueces y los fiscales, así como sobre la independencia, la eficiencia y la calidad del sistema judicial.
Versión española: Monica Tarău
