El estatuto de los magistrados, modificado
La Cámara de los Diputados ha aprobado este lunes las modificaciones hechas al estatuto de los magistrados por la Comisión parlamentaria especial para las leyes de la Justicia. El proyecto llegará al Senado que es foro de decisión.
Corina Cristea, 12.12.2017, 15:30
La modificación de las leyes de la Justicia también centra la atención del Consejo de Europa que pide a Rumanía que aclare las iniciativas legislativas después de que el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) aplicara por primera vez una nueva regulación creada para casos excepcionales. De este modo, el Consejo desea verificar si los cambios legislativos de Rumanía infringen los estándares anticorrupción de este organismo europeo.
A pesar de las protestas que desde hace casi un año reúnen en Bucarest, en otras ciudades del país o en el extranjero, a un número significativo de personas descontentas con el proyecto de modificación de las leyes de la Justicia, este lunes los diputados han aprobado una de las tres leyes de la Justicia, aunque el Consejo Supremo de la Magistratura, el Ministerio Público y la mayoría de las asociaciones de magistrados no aprobaran las modificaciones. Así, en la forma adoptada por la Cámara de los Diputados, se introduce el control jerárquico superior, incluso por parte del ministro de Justicia sobre los fiscales, y los magistrados no podrán colaborar con los servicios de inteligencia. Asimismo, se introduce la obligación del Estado de recuperar los daños ocasionados por los magistrados que hayan cometido un error judicial. Al mismo tiempo, los magistrados dejarán de ser suspendidos del cargo automáticamente a la hora de ser enviados a juicio y el presidente de Rumanía ya no podrá modificar las nominaciones para los cargos directivos en el Alto Tribunal de Casación y Justicia, en cambio mantendrá sus atribuciones en el procedimiento de nombramiento del fiscal general y de los jefes de la DNA y DIICOT. Todas estas previsiones fueron aprobadas el pasado miércoles en una reunión de los diputados. La decisión ha descontentado a la oposición que ha invocado sin éxito los procedimientos legales para frenar la gestión del poder. En la misma reunión fue votado también el polémico proyecto de modificación de la ley de la Agencia Nacional de Integridad según el cual se anulan las prohibiciones aplicadas a los parlamentarios que tuvieron algún conflicto de intereses en el período 2007-2013.
El segundo proyecto del paquete de modificación de las leyes de la Justicia sobre la organización judicial ha recibido el visto bueno por parte de la Comisión especial y llegará al pleno de la Cámara de los Diputados. Las modificaciones más polémicas se refieren a la creación de un departamento especial para investigar a los magistrados y al endurecimiento de las condiciones para poder ocupar el cargo de fiscal de la DNA o la DIICOT.
