El expediente de la “Mineriada” de junio de 1990

27 años después de los actos violentos que tuvieron lugar en la capital de Rumanía en junio de 1990, los fiscales militares han acabado la investigación. Las 14 personas enviadas a juicio se presentarán ante el Tribunal Supremo de Casación y Justicia.

România Internațional, 16.06.2017, 15:59

Después de 27 años de acusaciones, controversias y especulaciones, el primer presidente de la historia poscomunista de Rumanía, Ion Iliescu, el ex primer ministro Petre Roman, el exdirector del Servicio Rumano de Inteligencia, Virgil Măgureanu, Miron Cozma, exlíder sindical de los mineros del Valle del Jiu (centro-oeste), junto con otras 10 personas han sido enviados a juicio en el expediente de la “Mineriada” que tuvo lugar del 13 al 15 de junio de 1990, en el que están acusados de crímenes contra la humanidad. La “Mineriada” puso fin a una amplia manifestación contra el poder de izquierda instalado tras la caída de la dictadura comunista, en diciembre de 1989. El expediente inicial se atrasó casi 20 años y se cerró sin culpables en 2009. Las investigaciones se reanudaron a principios de 2015, después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos obligara a las autoridades rumanas a identificar a los responsables de la muerte de cuatro personas, la lesión de la integridad física o psíquica de casi 1.400 personas y la detención ilegal de más de mil personas en los actos violentos de junio de 1990, que también afectaron gravemente la imagen de Rumanía en el exterior.

Durante aquellos días, en el contexto de unos actos violentos que tuvieron lugar en la capital, el jefe del Estado de entonces acusó una tentativa de golpe de Estado de la extrema derecha y pidió a la población que defendiera las instituciones democráticas. La fiscalía ha mostrado que las autoridades del Estado iniciaron entonces un ataque violento contra los manifestantes de la Plaza de la Universidad de la capital que protestaban de manera pacífica. Los fiscales militares opinan que en este ataque estuvieron implicadas de manera ilegal fuerzas de los Ministerios del Interior y de Defensa junto con el Servicio Rumano de Inteligencia, y también más de 10.000 mineros y trabajadores de otras zonas del país. Los miles de mineros que llegaron entonces a Bucarest atacaron la Universidad, las sedes de los partidos de oposición y las redacciones de periódicos independientes. Según la acusación, el expresidente Iliescu está acusado de mandar la evacuación forzosa de los manifestantes de la Plaza de la Universidad, incluso usando a algunos trabajadores de las grandes empresas de Bucarest. La intervención de las fuerzas del orden en la mañana del 13 de junio de 1990 no tenía como objetivo dispersar a los manifestantes por medios pacíficos, sino detenerles, según ha añadido la acusación. Según el documento, las personas que entraron en las sedes del Servicio Rumano de Inteligencia durante los acontecimientos de junio de 1990 conocían el plano del edificio, lo que muestra que no eran manifestantes, una idea que las autoridades quisieron acreditar. En el documento de la acusación se ha afirmado también que dos víctimas que fallecieron tras los actos violentos que tuvieron lugar en la tarde de 13 de junio de 1990 en la sede del Ministerio del Interior, fueron fusiladas en la nuca, pero no se pudo establecer con certeza quiénes fueron los autores. Los fiscales militares han afirmado también que los manifestantes de la Plaza de la Universidad, detenidos de manera ilegal y encarcelados cerca de Bucarest, fueron detenidos en unas condiciones parecidas a las que aguantaron los prisioneros de la Segunda Guerra Mundial. Las 14 personas que han sido enviadas a juicio se presentarán ante el Tribunal Supremo de Casación y Justicia.