El Parlamento de Rumanía debate las leyes de Justicia
Los proyectos de modificación de las leyes de Justicia siguen dominando los debates públicos de Bucarest.
Bogdan Matei, 02.11.2017, 15:50
Calificado por los especialistas y los comentaristas como “una de las formas más dañinas y difundidas de corrupción, el abuso de poder sigue despertando debates acalorados en el Parlamento de Rumanía. El pasado miércoles, los diputados y los senadores de la Comisión especial que tiene que acordar la legislación del sector de la justicia con las decisiones del Tribunal Constitucional, quitaron del orden del día la redefinición del delito de abuso de poder, tal como había anunciado el presidente de dicha comisión, el exministro socialdemócrata Florin Iordache.
Anteriormente, éste había declarado que la introducción de un umbral módico de 19.000 lei, esto es menos de 5000 euros, no molestaría a nadie.
La oposición, el PNL y la Unión Salvad Rumanía han criticado el retraso y han acusado al poder de intentar evitar un debate honesto sobre la imposición de un umbral financiero.
El diputado liberal Ioan Cupsa ha reafirmado que su partido no desea imponer umbral alguno, aunque ésta es una de las solicitudes del Tribunal Constitucional.
“Se ha creado mucha emoción en torno a este tema, ha reconocido el presidente de la Comisión jurídica del Senado, Robert Cazanciuc, exministro hace varios años en el gabinete socialdemócrata de Victor Ponta. Cazanciuc ha declarado que hace falta un texto de ley inteligible para cada ciudadano y ha subrayado que si los socialdemócratas no han presentado todavía una propuesta significa que no tienen un punto de vista claro.
Los adversarios del poder acusan a la mayoría del PSD y de la Alianza de Liberales y Demócratas, de tratar de salvar a los miembros acusados de abuso de poder, encabezados por el propio hombre fuerte de la coalición, el líder socialdemócrata Liviu Dragnea, mediante la introducción de un umbral lo más elevado posible del daño provocado.
Las sospechas de la oposición, la sociedad civil y la prensa se amplifican por el paquete más extenso de leyes con respecto a la reforma de la justicia, promovido por el actual ministro de justicia, Tudorel Toader. Con el fin declarado de adaptar la legislación tanto a las decisiones del Tribunal Constitucional como a las evoluciones de la sociedad, el proyecto prevé que al presidente se le quite el derecho a nombrar a los jefes de las Fiscalías General, Anticorrupción y Antimafia, así como el traslado de la Inspección Judicial bajo la autoridad del Consejo Supremo de la Magistratura, que depende del Ministerio.
“Si esta mezcla de medidas es adoptada por el Gobierno y aprobada por el Parlamento, los esfuerzos de Rumanía de los últimos 10 años serán borrados y el sistema judicial volverá a un período en que estaba subordinado a la política, acusó el mes pasado el presidente Iohannis.
A su vez, la sociedad civil ha anunciado que, el próximo domingo, reanudará bajo el lema “no somos una nación de ladrones las protestas antigubernamentales en el centro de Bucarest.
