El sistema médico bajo presión
Un grave caso de corrupción sacude a Rumanía en un momento en que la crisis sanitaria está lejos de finalizar.
Ştefan Stoica, 24.06.2020, 13:26
Cuando se inició la pandemia, Rumanía no estaba preparada para hacer frente a una crisis sanitaria como se anunciaba la generada por el nuevo coronavirus. Lo admitieron las autoridades más importantes del Estado. Hizo falta un esfuerzo conceptual y logístico muy grande para poder mantener la situación bajo control. Unifarm, empresa estatal que gestiona la adquisición de la mayoría de los materiales sanitarios para los hospitales de Rumanía, desempeñó un papel importante.
La opinión pública se enteró el martes de que el director de la compañía, Adrian Ionel, ha sido puesto bajo control judicial por los fiscales anticorrupción, acusado de haber solicitado soborno a cambio de otorgar un contrato de adquisiciones de mascarillas quirúrgicas y trajes de protección durante la pandemia. La suma solicitada alcanza unos 760.000 euros. Por este dinero prometido, Ionel habría firmado un contrato para adquirir 250.000 trajes y tres millones de mascarillas con una empresa de Turquía. Los fiscales le acusan de haber negociado personalmente los términos del contrato con un personaje que en realidad no era el representante oficial de la empresa turca. Además, el contrato firmado el pasado mes de marzo, antes de declararse el estado de emergencia, infringió todos los procedimientos legales. El primer tramo de un millón de mascarillas no estuvieron conformes a las especificaciones técnicas y el director de Unifarm decidió rescindir el contrato. Los fiscales anticorrupción no pueden afirmar si hizo esto porque las mascarillas incumplieron la normativa o porque la empresa de Turquía no pagó ni un euro del soborno prometido. Adrian Ionel afirma que tiene pruebas que demuestran su inocencia. Como si esto no fuera suficiente, la investigación ha revelado que desde hace cuatro años, Ionel ocuparía ilegalmente el cargo de director general de Unifarm, cobrando sueldos por un valor total de casi medio millón de lei (más de 100.000 euros). El cuerpo de control del Ministerio de Sanidad empezó hace tiempo la investigación en Unifarm, incluso en cuanto a las adquisiciones para combatir el nuevo virus.
La crisis sanitaria ofrece a la corrupción endémica de Rumanía una tierra fértil. Y la crisis está lejos de finalizar. El número aún grande de casos diarios representa una prueba seria en cuanto a la resistencia del sistema médico. El número de pacientes en cuidados intensivos ha subido levemente y muchos hospitales anuncian que ya no tienen disponibilidad para tratar a los enfermos. Para reducir la presión sobre los hospitales, los criterios de alta hospitalaria para los pacientes con COVID-19 han sido modificados. Así, los asintomáticos podrán salir del hospital después de diez días, en ciertas condiciones.
En este contexto, los debates sobre una nueva etapa de relajación de las restricciones son cada vez más anémicos. En cambio, han aparecido rumores sobre una posible reintroducción de la cuarentena en los distritos en los que el número de casos de infección ha subido significativamente. El Gobierno afirma que por ahora no toma en consideración semejante medida, pero tampoco descarta la posibilidad de tomarla si hay una transmisión comunitaria acentuada en una localidad o barrio, según ha precisado el ministro de Sanidad, Nelu Tătaru.
