El SRI y el mandato de vigilancia técnica
Las instituciones que se encargan de la defensa del país y la seguridad nacional han reaccionado tras la decisión del Tribunal Constitucional de Rumanía de suspender las intervenciones telefónicas operadas por el SRI en los expedientes abiertos por la DNA
Daniela Budu, 14.03.2016, 16:20
El Gobierno de Rumanía ha adoptado la ordenanza de urgencia que permite continuar realizando intervenciones telefónicas en procesos penales, pero no por el Servicio Rumano de Inteligencia. El documento había recibido el visto bueno del Consejo Supremo de Defensa del País, durante una reunión extraordinaria convocada por el presidente Klaus Iohannis. La ordenanza ha sido elaborada tras haber decidido el Tribunal Constitucional, el pasado 16 de febrero, que el SRI ya no puede realizar intervenciones en casos penales. Así, la actividad de los tribunales se habría visto gravemente afectada, porque esta decisión habría dificultado o incluso interrumpido las investigaciones, según indica la motivación presentada por los autores del documento. El jefe del Estado ha declarado que en una primera etapa, la ordenanza aportará una solución legal. Posteriormente, el Parlamento podría tener en cuenta otras modalidades legales. Klaus Iohannis:
“Hay opiniones que indican que la actividad de los tribunales, sin la infraestructura técnica necesaria para aplicar estos métodos de vigilancia, se vería afectada, tanto desde el punto de vista de la eficiencia del juicio penal, como desde la perspectiva de la administración completa de pruebas. La ordenanza de urgencia está destinada a este propósito. El CSAT ha dado el visto bueno al proyecto y en este momento la adopción por el Gobierno significaría una solución, aunque no definitiva, para un problema que ha venido preocupando a las instituciones del Estado y a la opinión pública”.
Klaus Iohannis también ha dicho que la decisión del Tribunal Constitucional se debe respetar y aplicar en conformidad con la legislación. Según el jefe del Estado, otro aspecto se refiere a la necesidad de continuar garantizando el marco legislativo para que la justicia cumpla con su deber en los casos de seguridad nacional y de corrupción. Dado que la única infraestructura especializada en intervenciones telefónicas pertenece al SRI, el Gobierno tenía que encontrar una solución para utilizarla, sin ninguna intervención humana por parte del Servicio y con la participación exclusiva de los órganos de investigación penal, según ha declarado la ministra de Justicia, Raluca Prună:
“Contamos con una sola infraestructura que puede facilitar la aplicación de las órdenes de intervenciones telefónicas y esta estructura pertenece al SRI. Lo que queremos hacer con esta ordenanza de urgencia es aportar una solución inmediata que elimine los problemas en el juicio penal realizado por los fiscales”.
La ordenanza de urgencia tiene rango de ley, ha destacado Raluca Prună. Cabe mencionar que los jefes de la DNA y DIICOT han anunciado que las nuevas condiciones requieren aumentar el número de empleados y los fondos necesarios para realizar las intervenciones utilizando recursos propios. Así, el ritmo de los procesos penales podría disminuir en los próximos meses.
(traducido por S.Sarbescu )
