Escándalo provocado por la DNA
En Rumanía, la Dirección Nacional Anticorrupción se enfrenta a un amplio escándalo.
Roxana Vasile, 14.02.2018, 16:47
La DNA, valorada positivamente en el ámbito internacional, ha causado un nuevo escándalo en Rumanía. En un programa de televisión, el exdiputado socialdemócrata Vlad Cosma, condenado a 5 años de prisión, ha presentado ante el público graves acusaciones contra algunos fiscales de la DNA del distrito de Prahova (sur). Así, ha dicho que estos fiscales le habrían pedido que «fabricara» pruebas falsas en un expediente abierto contra el antiguo primer ministro del PSD, Victor Ponta, y el empresario Sebastian Ghiţă, que huyó a Serbia. Vlad Cosma también ha aportado, como prueba de sus declaraciones, las grabaciones de audio.
Por su parte, el fiscal jefe de la DNA de Ploieşti, Lucian Onea, ha declarado en una rueda de prensa, que en la institución que él dirige nunca se han falsificado pruebas, ni tampoco se han hecho compromisos ilegales con los acusados. Inmediatamente después de la aparición de estas declaraciones, la Inspección Judicial de Rumanía ha abierto una investigación anunciando verificaciones para establecer si hay pruebas sobre la existencia de algun delito. Por su parte, la Sección de Investigación Penal y Criminalística de la Fiscalía del Alto Tribunal de Casación y Justicia, ha abierto una investigación tras haberse presentado una denuncia en base a las grabaciones con la DNA de Ploieşti. Es más, los representantes de la sociedad civil en el Consejo Superior de la Magistratura, Romeo Chelariu y Victor Alistar, creen que «el peor golpe contra la independencia de la justicia es que hayan encubierto este grave caso de corrupción de las atribuciones judiciales, así como la falta de medidas de corrección en el sistema», y que este caso no es el único de este tipo en la Justicia rumana. Igual que cualquier otro escándalo, también en esta ocasión las opiniones son contradictorias.
Por un lado, hay un grupo de personas que han manifestado su preocupación por las prácticas denunciadas por el ex diputado Vlad Cosma y no son pocos los que hablan de la existencia del llamado «Estado paralelo ilegítimo», que a pesar de las últimas elecciones legislativas ganadas por los socialdemócratas, intentaría tomar el poder político, incluso a través de «la fabricación de casos». Además, si las alegaciones sobre la actividad de la DNA de Prahova son reales, podemos creer que se trata de elementos de policía política. Por esta razón, en el seno del PSD hay voces que piden la dimisión de la fiscal jefa de la DNA, Laura Codruţa Kövesi. El otro grupo está formado por los partidarios de la Dirección Nacional Anticorrupción, que rechazan fuertemente la existencia del «Estado paralelo» y justifican las declaraciones del antiguo diputado Vlad Cosma a través de un intento de comprometer a los fiscales y los policías que, luchando contra la corrupción, han perjudicado los intereses ilegales de algunos políticos y empresarios. Estas declaraciones no deberían ser un tema de debate político, han dicho los representantes de la oposición de derecha en Bucarest, pero si todo esto es verdad, evidentemente las instituciones que tienen atribuciones en este ámbito deberán cumplir su misión constitucional y legal.
(traducido por S. Sarbescu)
