La justicia rumana y la lucha contra la corrupción
Los políticos de Bucarest intentan cambiar la legislación penal. Al mismo tiempo quieren respetar la Constitución y continuar la lucha contra la corrupción.
Bogdan Matei, 06.04.2017, 15:24
Nombrado ministro de Justicia el pasado 23 de febrero, Tudorel Toader ha sido considerado desde el principio la persona idónea para reparar la imagen dañada de la alianza formada por el PSD y la ALDE a causa de su predecesor, el impopular Florin Iordache. Percibido por la opinión pública, la prensa, la oposición de derecha de Bucarest y los socios occidentales de Rumanía como una tentativa de debilitar la lucha contra la corrupción y de despenalizar los delitos de algunos personajes influyentes de la política y la administración, el intento de Iordache de modificar por procedimiento de urgencia los Códigos Penales, ha hecho que cientos de miles de manifestantes protestaran en la calle. Jurista no afiliado políticamente, catedrático y antiguo juez en el Tribunal Constitucional, Toader no ha vacilado en tomar decisiones que contradicen la opinión de la mayoría parlamentaria. La semana pasada, anunció que la evaluación externa solicitada por el Ministerio de Justicia en el caso de la Fiscalía General, la Dirección Nacional Anticorrupción y la de Investigación de Delitos de Crimen Organizado y Terrorismo pretende hacer una radiografía de la actividad de estas instituciones, algo que nunca se ha hecho en los últimos 10 años. Por otro lado, el ministro no ha solicitado la destitución del fiscal general, Augustin Lazăr, ni de la jefa de la DNA, Laura Codruţa Koveşi, a los que la opinión pública coloca en lo más alto de la lucha contra la corrupción, aunque muchos socialdemócratas y liberaldemócratas los consideran los fundadores de la llamada ”república de los fiscales”, a la que acusan de haber violado los derechos humanos en reiteradas ocasiones.
Este miércoles, el Ministerio de Justicia ha rechazado las enmiendas del Parlamento sobre el proyecto de ley que regula el conflicto de intereses. La Comisión jurídica de la Cámara de los Diputados había aprobado el cambio de algunos artículos del Código Penal, para reemplazar el término conflicto de intereses por «abuso de poder para favorecer a algunas personas. Es más, para que la contratación de un miembro de la familia u otros allegados en el sector público fuera considerada un delito, era necesario que ésta hubiera causado ”un daño de interés público». Además, Toader ha explicado que su institución ha hecho una propuesta legislativa que pretende modificar los artículos que regulan el abuso de poder. La propuesta no establece ningún valor límite del perjuicio en caso de delito, sino que en este caso otorga al tribunal la libertad de aplicar o no la pena de prisión. El proyecto de ley sobre la modificación de los Códigos Penal y de Procedimiento Penal, elaborado por el Ministerio de Justicia según las decisiones del Tribunal Constitucional, será sometido al debate público. El primer ministro Sorin Grindeanu ha anunciado que ha pedido a Toader que, dentro de los próximos 30 días, mantenga consultas con todas las partes interesadas antes de solicitar la aprobación del Gobierno para este proyecto legislativo.
(trad. S. Sarbescu)
