La leyes de Justicia – constitucionales
Las nuevas leyes de Justicia han pasado la prueba del Tribunal Constitucional de Rumanía. Una nota de Bogdan Matei.
Bogdan Matei, 10.11.2022, 10:30
Antipatizado por mucha gente, el Tribunal Constitucional sigue siendo el árbitro implacable de la vida política rumana. En términos casuales, sus decisiones, aunque sean discutidas, son ejecutadas. El miércoles le tocó el turno a la oposición del Parlamento de Bucarest de cumplir con esta regla y tragarse el amargo bocado de las notificaciones rechazadas por los jueces del Tribunal. Tanto la USR (centro-derecha) como la AUR (nacionalista), así como el Defensor del Pueblo habían denunciado la inconstitucionalidad de las tres leyes de Justicia aprobadas en el Parlamento dominado por la coalición gubernamental integrada por el PSD-PNL-UDMR. Sin embargo, el Tribunal decidió que la Ley sobre el estatuto de los jueces y fiscales, la Ley sobre la organización judicial y la Ley sobre el Consejo Superior de la Magistratura eran todas constitucionales.
La presidenta interina del Senado, la liberal Alina Gorghiu, escribió en una red social que la decisión del Tribunal Constitucional era «correcta y natural» y las leyes serían promulgadas. Ella cree que, de esta forma, se vuelve a la normalidad. Alina Gorghiu recordó que los objetivos de Rumanía eran, en la actualidad, el levantamiento del Mecanismo de Cooperación y Verificación, a través del cual Bruselas supervisa el funcionamiento del estado de derecho en Rumanía desde su ingreso en la Unión Europea en 2007. Del levantamiento de este mecanismo, añade ella, depende también la adhesión de Rumanía al espacio de Schengen, de libre circulación. Los trámites relativos a la adopción de las tres leyes, afirma también Alina Gorghiu, se realizaron en coordinación con la Comisión Europea y la corrección de la legislación en el ámbito de la justicia también fue un objetivo incluido en el Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia, acordado con Bruselas por los gobernadores de Bucarest.
La USR sigue afirmando, sin embargo, que las nuevas leyes hacen mucho daño. Se trata, dice el exministro de Justicia de la USR, Stelian Ion, «de algunas leyes extremadamente malas y dañinas, que nos retrotraen» al período anterior a la admisión en la Unión Europea, cuando el régimen autoritario de izquierda del primer ministro Adrian Năstase había tratado de subordinar a sus magistrados y frenar la lucha anticorrupción. La decisión del Tribunal Constitucional de rechazar las notificaciones de la USR, sin el aviso de la Comisión de Venecia, prueba que el Tribunal Constitucional se ha convertido en una simple herramienta política, acusa el exministro.
Por su parte, el vocero de la AUR, Dan Tănasă, valora que ladecisión de no sancionar a los jueces que no cumplan con las decisiones del Tribunal Constitucional “vacía de eficacia” su carácter obligatorio. También el Defensor del Pueblo afirma que, además de las formas de manifestación del derecho de asociación, la nueva legislación en la materia prevé una ampliación del área de cargos que pueden ocupar los jueces y fiscales, lo que excede la actividad de impartir justicia. La oposición pide al presidente Klaus Iohannis que no promulgue las leyes de Justicia en su forma actual y que espere el aviso de la Comisión de Venecia.
