Los electos locales, ¿exonerados de responsabilidad?
En Rumanía, la firma de los alcaldes sólo podría certificar la autenticidad de los documentos sin tener carácter de especialidad. Así lo prevé un proyecto de ley aprobado por el Senado.
Florentin Căpitănescu, 16.05.2017, 14:39
En los últimos años, sobre el trasfondo de la lucha anticorrupción, varias cabezas de la administración rumana han caído. Desde tiburones de la administración central, parlamentarios, ministros o incluso un ex primer ministro hasta presidentes de consejos distritales o alcaldes de pequeños pueblos, la lucha contra la corrupción, la plaga de la administración rumana postcomunista, ha dejado atrás, desde el punto de vista político, muchos cadáveres. Precisamente por eso, cualquier intento de los políticos de cubrir sus espaldas mediante pequeñas ilegalidades, no puede pasar desapercibido.
El Senado ha aprobado un proyecto de modificación de la ley de la administración local que establece que los electos locales responden exclusivamente de los documentos que emiten, sin el aviso legal del secretario de la institución pública y sin la firma de los funcionarios con atribuciones en dicho campo. Así, según declara el senador del Partido Social Demócrata (el principal partido en el Gobierno), Ioan Denes, se aclara el hecho de que la firma del alcalde es una firma de autenticidad, no de especialidad. Ioan Denes, secretario de la Comisión de administración del Senado:
A través de esta propuesta y mediante las enmiendas realizadas se ha aclarado que la firma del alcalde es una firma que autentifica el documento emitido y no una firma de especialidad en cuanto al urbanismo y otros campos que tienen que ver con un acto administrativo emitido por una administración local.
Los parlamentarios de la Unión Salvad Rumanía (la segunda fuerza de la oposición) han votado contra el proyecto y han advertido que a través de esta ley los alcaldes podrían ser exonerados de responsabilidad tras firmar un acto administrativo. Florina Presada, senadora de la USR:
“Estamos de acuerdo con que cada funcionario público debe responder por los documentos que firma. Por eso también los alcaldes deben tener la misma responsabilidad. Lo peligroso de esta iniciativa es la posibilidad de exonerar a los alcaldes. Pedimos que se corrijan los errores hechos por la comisión y solicitaremos al pleno, a los compañeros senadores, que rechacen el proyecto de ley.
El proyecto de ley ha sido tácitamente aprobado por la Cámara de los Diputados, y el Senado es cámara de decisión. Según opinan los observadores, la iniciativa alimenta las sospechas de que, sin asumir la responsabilidad de la propia firma, los alcaldes pueden esconder con facilidad su incompetencia o la intención de gastar erróneamente el dinero público, práctica confirmada muchas veces por los tribunales.
