Los protocolos entre el Servicio Rumano de Inteligencia y la justicia.
La desclasificación y divulgación el pasado viernes de un protocolo de colaboración entre el Servicio Rumano de Inteligencia y la Fiscalía General ha producido una oleada de reacciones.
Roxana Vasile, 04.04.2018, 16:00
El pasado otoño, el presidente de la Comisión parlamentaria para el control del Servicio Rumano de Inteligencia, Claudiu Manda, declaró que entre el servicio antes mencionado y varias instituciones del Estado están en vigor 65 protocolos.
El pasado viernes, uno de éstos, concluido con la Fiscalía General fue desclasificado y hecho público. El documento había sido aprobado en 2009, por la fiscal general de entonces, Laura Codruta Kovesi, en el presente jefa de la Dirección Nacional Anticorrupción, y el jefe del Servicio Rumano de Inteligencia de entonces, George Maior.
Sobre la base de este documento de colaboración, durante 7 años, el Servicio Rumano de Inteligencia concedió asistencia a los fiscales estando prevista la constitución de un equipo operativo conjunto en aras de documentar determinadas acciones. El poder político en Bucarest ha acogido con satisfacción la desclasificación del protocolo y ha apreciado que hubo acuerdos anormales. El presidente del Senado y a la vez líder de la Alianza de Liberales y Demócratas, formación en la coalición en el poder, Calin Popescu Tariceanu:
“Vamos a analizar en detalle el contenido de estos acuerdos anormales que han permitido a los servicios de inteligencia penetrar en la zona de la policía judicial, una interferencia típica para el período comunista y los regímenes comunistas que no respetaban la independencia de la justicia.”
La oposición parlamentaria de derecha ha apreciado a su vez que en nombre del principio de la transparencia, la divulgación del protocolo representa una gestión normal en un Estado democrático. El presidente de la Unión Salvad Rumanía, Dan Barna:
“Desde que ha entrado en el Parlamento, la Unión Salvad Rumanía está promoviendo el principio de la transparencia. Es decir que también esta gestión del Servicio Rumano de Inteligencia de hacer público un protocolo que no afecta a la seguridad nacional es natural en un Estado democrático, como nosotros tratamos de ser.”
Hay quien habla de la existencia de un Estado paralelo y declara que al amparo de los entendimientos secretos, instituciones de poder de Rumanía cometieron excesos y abusos graves.
¡Es todo falso!, ha dicho la fiscal jefe de la Dirección Nacional Anticorrupción, Laura Codruta Kovesi, en cuya opinión la colaboración entre la Fiscalía General y el Servicio Rumano de Inteligencia se basó en la Constitución o en el Código de procedimiento penal:
“Mediante este protocolo sólo se creó un procedimiento unitario para que todo el mundo pudiera obrar con el mismo fin. La aplicación de la ley se hacía de manera distinta y por ello se dejó sentir la necesidad de armonizar los procedimientos. Esta es la razón por la cual no sólo el Ministerio Público concluyó un protocolo con el Servicio Rumano de Inteligencia sino también otras instituciones del sistema judicial”.
Considerando que mediante la aceptación del protocolo entre la Fiscalía General y el Servicio Rumano de Inteligencia, los fiscales y las Fiscalías han renunciado a su independencia operativa a favor del Servicio de Inteligencia, la Unión Nacional de los Jueces y la Asociación de los Magistrados de Rumanía han solicitado a la Fiscalía General y al Servicio Rumano de Inteligencia que haga públicos todos los protocolos o acuerdos de cooperación concluidos con las estructuras subordinadas desde 1990 hasta el presente. Han solicitado también al Consejo Supremo de Defensa del País que haga públicas todas las decisiones emitidas desde el año 1990 relacionadas con la justicia.
