Los salarios de los funcionarios públicos
A partir de hoy, representantes de los Ministerios de Trabajo y de Finanzas, están trabajando en una nueva ordenanza de urgencia destinada a regular los salarios en el sistema público de Rumanía.
Valentin Țigău, 25.04.2016, 17:04
Una nueva ordenanza de urgencia sobre los salarios de los empleados públicos podría aplicarse antes del próximo 15 de mayo, ha anunciado este fin de semana el ministro de Trabajo, Dragoş Pâslaru. Durante dos semanas, el proyecto será sometido a un debate público y posteriormente, podría ser aprobado por el Ejecutivo, el próximo 1 de junio. Este es el plazo límite establecido por la ley rumana para la adopción de ordenanzas de urgencia, un plazo que no puede superar seis meses antes de las elecciones generales. Según ha destacado el ministro de Trabajo, la ordenanza pretende rectificar el salario básico de los funcionarios públicos.
El Gobierno también quiere obtener el acuerdo de los agentes sociales, ya que los recursos presupuestarios son limitados y solo permiten aumentar los salarios más pequeños. Entre 300.000 y 500.000 empleados podrían beneficiarse de aumentos salariales. Por otro lado, el portavoz del Gobierno, Dan Suciu, ha declarado que la adopción de la ordenanza depende de la aprobación de los agentes sociales y si el descontento generado por el proyecto supera los beneficios, la ordenanza será eliminada. Los líderes de los sindicatos de Rumanía se han declarado descontentos por el nuevo proyecto y han advertido que así las desigualdades seguirán manifestándose pero a otro nivel, más elevado.
El Gobierno cuenta con 2.000 millones de lei para aumentar los salarios, pero los sindicatos lo consideran insuficiente y amenazan con la reanudación de las protestas. Marius Sepi, primer vicepresidente de Sanitas, cree que no se puede aceptar una aplicación por etapas, ya que solo en algunos casos habrá reajustes. Según ha dicho, hay que buscar soluciones financieras, de forma que la nueva ordenanza se aplique a todas las categorías de empleados. Este viernes, el Gobierno ha convocado una nueva reunión del Consejo Nacional Tripartito (Gobierno-patronales-sindicatos) para analizar la elaboración de la nueva ordenanza.
También habrá una nueva serie de reuniones destinadas a alcanzar un acuerdo sobre el futuro documento. Según el Instituto Nacional de Estadística, Rumanía cuenta con 1.200.000 empleados públicos de una población activa que alcanza los 9.000.000 de personas. Según los analistas económicos, el aumento de los gastos para el personal podría generar un aumento del déficit presupuestario, y en el contexto de otros gastos suplementarios aprobados por el Parlamento, aumentaría el riesgo de aplicación de un nuevo periodo de consolidación fiscal. Así, en los próximos meses, será necesario reducir los gastos o despedir a algunos empleados, para equilibrar la balanza en el sistema público.
(traducido por S.Sarbescu)
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