Medidas de aplicación de sanciones internacionales
Las empresas rumanas sometidas a las sanciones impuestas a Rusia pueden continuar sus actividades, pero bajo la supervisión del Estado.
Roxana Vasile, 10.06.2022, 12:27
No hay que olvidar el impacto en la economía nacional de las sanciones internacionales impuestas a las empresas controladas por entidades rusas debido al conflicto en Ucrania. La protección de los empleados rumanos en estas empresas es una prioridad para el Gobierno rumano, señaló, el jueves, en un comunicado, el ministro de Economía en Bucarest, Florin Spătaru. Rumanía debe adaptarse y tomar medidas lo antes posible para evitar una cadena de crisis, añadió el ministro. Su reacción se produce en el contexto de que el Ejecutivo ha adoptado una ordenanza de emergencia, según la cual las empresas de Rumanía controladas por entidades rusas objeto de sanciones podrán continuar sus actividades sin cuentas bloqueadas, pero sólo si se someten a un sistema de supervisión estatal. El objetivo es doble: introducir salvaguardias que garanticen que el régimen de sanciones de la UE no se vea perjudicado, al tiempo que se protegen las empresas rumanas y el mercado laboral rumano.
En concreto, una empresa rumana sujeta a sanciones enviará una solicitud al Ministerio de Economía, que comprobará que cumple las condiciones para operar. Si se aprueba la solicitud, se nombra a un representante del Ministerio como supervisor permanente y se liberan los fondos y recursos económicos de la empresa. Durante este tiempo, el supervisor podrá asistir, en calidad de observador, a las reuniones de la Junta General de Accionistas, de los asociados, del Consejo de Administración y a otras reuniones relativas a la gestión de la empresa; tendrá acceso a todos los lugares en los que ésta opere, así como a todos los documentos que reciba la persona jurídica.
El supervisor también informará al Ministerio cuando haya sospechas de incumplimiento de las sanciones. Si se confirman las sospechas, se retirará el derecho de la empresa a operar y volverá a estar sujeta a restricciones.
La ordenanza de urgencia del gobierno se adoptó el mismo día en que los representantes de unos 2.600 empleados de TMK-ARTROM, de propiedad rusa, en Slatina (sur) y Reșița (suroeste), productora de tubos laminados, viajaron a Bucarest para protestar frente al poder ejecutivo. Estaban descontentos por los retrasos en el pago de los salarios y temían perder sus puestos de trabajo. Ahora pueden respirar tranquilos.
También pueden hacerlo todos los rumanos que trabajan en empresas en las que los rusos tienen acciones. Según el ministro Florin Spătaru, en la industria del metal es donde operan este tipo de empresas donde trabajan unas 22.000 personas, mientras que en la industria del automóvil se calcula que pueden verse afectados 5.000 puestos de trabajo de unos 200.000 existentes.
Versión en español: Victoria Sepciu
