Postergado el nombramiento del nuevo jefe de la DNA
El presidente de Rumanía, Klaus Iohannis, ha rechazado la nominación hecha por el ministro de Justicia, Tudorel Toader, para la cabeza de la fiscalía anticorrupción.
Bogdan Matei, 22.11.2018, 14:26
El presidente, Klaus Iohannis, ha anunciado este miércoles, que rechaza la nominación de Adina Florea, hecha por el ministro de Justicia Tudorel Toader, al cargo de fiscal jefa de la Dirección Nacional Anticorrupción. Además de dicha nominación fueron rechazadas otras tres nominaciones más a la cabeza del Tribunal Superior de Casación y Justicia, así como la nominación al cargo de vice fiscal jefe de la Dirección de Investigación de los Delitos de Crimen Organizado, la fiscalía antimafia.
Por otra parte, en un comunicado de la Administración Presidencial se explica que “las personas nominadas no cumplen con las condiciones de legalidad necesarias para que un fiscal sea nombrado en un puesto de dirección.”
El mes pasado, también el departamento de fiscales del Consejo Superior de la Magistratura había rechazado el nombramiento de Adina Florea, sobre la cual había declarado que “tiene baja tolerancia al estrés y una reducida capacidad de análisis y síntesis así como «síncopes» en la relación con determinados valores tales como la honestidad y la imparcialidad, atributos imprescindibles de una gerente.”
El ministro, Tudorel Toader, ha declarado a su vez, que no le ha sorprendido la negativa del presidente sino la motivación de la misma, a saber, la inexistencia de un certificado que convalide que las personas nominadas no colaboraron con la ex-Securitate, es decir la policía política de la dictadura comunista.
Si en el ámbito jurídico y de procedimiento los debates continuarán, en el político, la decisión del presidente ha sido calificada por algunos analistas de contragolpe en la guerra sin fin entre éste y la mayoría en el poder integrada por el PSD y la Alianza de Liberales y Demócratas.
Dirigido por el expolítico socialdemócrata, Valer Dorneanu, el Tribunal Constitucional había decidido, el pasado mes de junio, que el jefe del Estado tenía que destituir del cargo a la jefa de la Dirección Nacional Anticorrupción, Laura Codruta Kovesi, tal como le había solicitado el titular de Justicia el pasado mes de febrero.
Los magistrados han establecido que el presidente generó un conflicto con el Gobierno cuando rechazó revocarla del cargo. La destitución de ésta fue considerada una victoria para el poder de izquierda a la que los adversarios de la oposición, de la sociedad civil y de la prensa acusan de intentar subordinar a los magistrados para deshacerse de las condenas a los políticos corruptos. Considerada por algunos punta de lanza de la lucha anticorrupción, y por otros, jefa de un sistema policial abusivo, Kovesi era frecuentemente considerada la mujer más fuerte de Rumanía. Poco antes de ser destituida, en el marco de un debate organizado en la sede de las Naciones Unidas de Nueva York Kovesi declaraba que el mayor desafío para Rumanía consiste en mantener la independencia de los jueces y los fiscales. Solamente en los cinco últimos años, la Dirección Nacional Anticorrupción enjuició a 14 ministros y exministros y a 53 parlamentarios. 27 de éstos recibieron condena definitiva. En el mismo período, la Dirección Nacional Anticorrupción dispuso medidas de prevención por un valor de 2300 millones de dólares. Los comentaristas subrayan que la Dirección Nacional Anticorrupción deberá funcionar igual que antes, ya que en una democracia madura las instituciones funcionan independientemente del nombre de sus líderes.
