Puntos de vista sobre los dignatarios con problemas penales
Una nueva polémica político-judicial domina los debates públicos de Bucarest.
Bogdan Matei, 27.09.2017, 15:32
Desde el pasado viernes, la vice primera ministra y ministra de Desarrollo Regional Sevil Shhaideh y la ministra delegada para Fondos Europeos, Rovana Plumb están siendo investigadas en un caso de corrupción. Según la Dirección Nacional Anticorrupción, la vice primera ministra Shhaideh está investigada por abuso de poder y Rovana Plumb, en aquel entonces ministra de Medio Ambiente, por complicidad en abuso de poder. Los fiscales anticorrupción afirman que en 2013 cuando Shhaideh desempeñaba el cargo de secretaria de Estado en el Ministerio de Desarrollo Regional y Plumb era titular de la cartera de Medio Ambiente, varias partes de la isla Belina y el brazo Pavel, ubicados en el Danubio, fueron transferidos ilegalmente por decisión gubernamental bajo la administración del Consejo Provincial de Teleorman. Sólo unos cuantos días más tarde, afirman los fiscales, estos terrenos fueron alquilados por cantidades módicas también de forma ilegal a una empresa privada especializada en infraestructura vial, conocida por su facilidad de conseguir contratos con el Estado. Ambos terrenos formaban parte del dominio público, gestionado por el Estado y por consiguiente no podían pasar a ser propiedad de un consejo provincial a través de una decisión gubernamental, sino sólo a través de una ley, defienden los fiscales en el sumario de la causa. La DNA ha solicitado ya el visto bueno del Parlamento para iniciar la investigación penal contra Rovana Plumb, que es también diputada. Sin embargo, la dirección del PSD ha decidido ofrecerles “apoyo total” y les ha pedido explícitamente que no dimitan del cargo porque crearían un precedente peligroso.
La declaración del jefe del partido, Liviu Dragnea:
“Muchos compañeros han dicho que este planteamiento es peligroso porque consideran que cualquier transferencia del sector público al sector público daña al Estado. Esto significaría que todas las transferencias efectuadas hasta ahora son perjudiciales para el Estado.”
En cambio, el presidente Klaus Iohannis es categórico: las ministras investigadas por la DNA deberían dimitir o ser cesadas. Personas que están siendo investigadas penalmente o que han sido condenadas en casos de corrupción no deberían ocupar semejantes cargos públicos, ha concluido el jefe del Estado.
Klaus Iohannis:
“Las señoras ministras deberían haber dimitido. Otra opción aceptable es cesarlas. El hecho de que el PSD las proteja, no es algo bueno. No sé si las señoras son o no culpables, no me corresponde a mí o al PSD decidirlo. Es el deber de los jueces.”
Sin embargo, los comentaristas señalan la falta de apetito para la limpieza en el seno de la mayoría gubernamental integrada por el PSD y la ALDE. Precisamente este martes, la Comisión Jurídica del Senado ha rechazado la solicitud de la DNA de iniciar la investigación penal contra el ministro para la Relación con el Parlamento, el liberaldemócrata Viorel Ilie, acusado de haber favorecido a algunos candidatos a un cargo público facilitándoles informaciones sobre el concurso.
