Recomendaciones de Bruselas para Rumanía
Rumanía se enfrenta a desequilibrios económicos, según advierte el Ejecutivo comunitario.
Leyla Cheamil, 28.02.2019, 15:30
Rumanía es uno de los diez países miembros de la Unión Europea que se enfrenta a desequilibrios económicos. La constatación pertenece a la Comisión Europea que el pasado miércoles publicó el informe sobre Rumanía para el año 2019 que contiene la evaluación de los progresos registrados en cuanto al cumplimiento de las prioridades económicas y sociales. En su análisis, el Ejecutivo comunitario destaca la necesidad de promover las inversiones, de seguir políticas fiscales presupuestarias responsables y aplicar reformas bien concebidas. Los retos varían de manera significativa de un país a otro y necesitan medidas adecuadas y firmes. Con respecto a Rumanía, el informe indica que no se ha hecho ningún progreso en cuanto al marco fiscal, al establecimiento del sueldo mínimo o a la gobernanza de las compañías estatales. La CE señala que es necesario seguir haciendo esfuerzos para alcanzar resultados concretos. En su evaluación, el Ejecutivo comunitario advierte que en Rumanía la capacidad del sistema de recaudación para reducir la pobreza y corregir las disparidades sociales es limitada. “Las desigualdades en cuanto a los ingresos siguen siendo entre las más altas de la UE ya que un tercio de los rumanos se enfrenta al riesgo de pobreza, el porcentaje más alto de la UE”, según indica el informe.
El documento también menciona que la estructura fiscal se caracteriza por un nivel reducido de los ingresos. Así el porcentaje de la recaudación en el PIB se situó en un 24,9% en 2017, el valor más bajo desde 1996 y representa el segundo nivel más reducido de la UE, muy por debajo del promedio europeo del 39,2%. Asimismo, los expertos de la UE hacen referencias claras a las medidas introducidas en la Ordenanza de Urgencia 114 que trae una serie de modificaciones fiscales, algunas de ellas criticadas tanto por la oposición como por el ámbito empresarial.
A finales del año pasado, sin haber consultado a las partes implicadas y sin haber evaluado el impacto, el Gobierno decidió mediante esta ordenanza gravar los activos financieros de los bancos en caso de que el índice ROBOR, en función del cual se calculan los tipos de interés para los préstamos en moneda nacional, superara el 2%. El Ejecutivo comunitario aprecia que probablemente este impuesto afectará a la estabilidad financiera, la solvencia y la rentabilidad de los bancos y empeorará la situación de los más débiles. Al mismo tiempo, se estima que el impuesto afectará también a la concesión de créditos y reducirá la flexibilidad de la política monetaria. Asimismo, el informe de la CE indica que las medidas introducidas en la Ordenanza de Urgencia 114 debilita el Pilar II de pensiones privadas.
Según afirman los especialistas de la UE, las medidas tienen efectos negativos en las futuras pensiones de los rumanos y en el mercado de capital, afectarán a las próximas inversiones y aumentarán las incertidumbres haciendo que la economía de Rumanía sea menos atractiva tanto para los inversores rumanos como para los extranjeros.
