Reevaluación de las pensiones en Rumanía
La coalición gobernante en Rumanía ha decidido volver a calcular las pensiones y dice que ha establecido un calendario para aumentarlas que tiene en cuenta las condiciones económicas actuales. El PSD, en la oposición, rechaza los argumentos del Gobierno.
Corina Cristea, 29.01.2021, 15:11
Las controversias sobre las pensiones entre el poder y la oposición están lejos de terminar. La ministra liberal de Trabajo, Raluca Turcan, ha anunciado que se recalcularán las pensiones y que ha iniciado el proceso de evaluación de los expedientes. Se estima que el análisis de los casi cinco millones de expedientes llevará aproximadamente un año y medio. Entonces, dice la titular de esta cartera, será posible redactar una nueva ley sobre el sistema público de pensiones, basada en las contribuciones y en la equidad. Raluca Turcan:
“Tenemos diversas variantes de fórmulas y buscamos, al mismo tiempo, la mejor modalidad para traer equidad al mayor número posible de jubilados y que sea sostenible para el sistema de pensiones. Porque algo de lo que no se habló, y fue injusto para los cinco millones de jubilados, es que la Ley 127, que preveía una nueva fórmula para el cálculo de las pensiones, supone un esfuerzo presupuestario que no está al alcance de la economía rumana, y tampoco estaba dentro de las posibilidades presupuestarias antes del período de crisis económica generada por la crisis sanitaria.
Los socialdemócratas, mayoritarios en el Parlamento en el momento de esta decisión, habían previsto un aumento de las pensiones en un 40%, a partir de septiembre de 2020. Sin embargo, los liberales, que estaban en el poder el pasado otoño, igual que ahora, no pusieron en práctica esta decisión de los socialdemócratas. En ese momento, emitieron un decreto ley por el que se decidió un aumento de sólo un 14%. Los cálculos muestran que el aumento en un 40% de las pensiones generaría un impacto presupuestario de 138.000 millones de lei (más de 28.000 millones de euros).
Rumanía no estaba en condiciones el año pasado, y tampoco lo está ahora, de subir las pensiones en un 40% a partir de este año, ha dicho el primer ministro liberal Florin Cîţu, quien ha invocado el contexto económico gravemente afectado por la crisis sanitaria.
Sin embargo, el Tribunal Constitucional ha rechazado la impugnación de dicha ley presentada por el Gobierno. Ha admitido sólo una excepción de inconstitucionalidad. El Constitucional considera que la forma defectuosa de legislar ha generado inseguridad jurídica en cuanto al valor del punto de pensión. El PSD, mayoritario en el Parlamento el año pasado, eliminó del decreto ley del Gobierno liberal los artículos por los que se aumentaban las pensiones solo en un 14%. En opinión del Constitucional esta decisión ha creado un vacío legislativo, porque no se estableció un nuevo valor del punto de pensión.
Desde la oposición, el PSD exige la aplicación del aumento incluido en la ley de pensiones vigente y considera que no se debe modificar la legislación. El último recálculo de las pensiones en pago tuvo lugar en Rumanía en el período 2005-2010, durante el cual se analizaron aproximadamente un millón de casos.
